La acusada aceptó haber desviado alimentos que debían llegar a escuelas públicas y fue condenada a dos años de prisión domiciliaria en un juicio abreviado.
La investigación comenzó con un dato simple pero llamativo: camiones que debían repartir alimentos en escuelas públicas hacían una parada previa en una casa de Chimbas. Ese movimiento, repetido varias veces, terminó por encender las alarmas.
Este jueves, la causa tuvo su primer desenlace. Débora Romina Castro Maldonado fue condenada a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo modalidad domiciliaria, luego de aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado.
Según reconstruyó la fiscalía, los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Desarrollo Humano ejecutaba programas de asistencia alimentaria para establecimientos educativos. Tras una licitación, una empresa quedó a cargo de la distribución. En ese circuito, uno de los camiones desviaba parte de la carga antes de completar el reparto.
La mercadería —que incluía budines, galletas, alfajores, avena, leche, mate cocido y otros productos— era descargada en una vivienda del Lote Hogar 38, en Chimbas. Con el avance de la investigación, se realizaron allanamientos en cinco domicilios y depósitos vinculados a los imputados.
En esos procedimientos secuestraron 300 cajas cerradas con alimentos destinados a escuelas y 470 paquetes sueltos con distintos productos. También encontraron bolsas vacías del plan alimentario escolar y documentación que ahora será analizada.
La acusación encuadró los hechos como estafa agravada en perjuicio de la Administración Pública. Ante la evidencia reunida —que incluyó registros de cámaras del CISEM y grabaciones privadas— la imputada optó por admitir su participación.
El juez homologó el acuerdo y fijó la pena en dos años de prisión domiciliaria. Entre los elementos considerados estuvieron su situación familiar —tiene dos hijos menores, uno con discapacidad— y un cuadro de salud mental que requiere seguimiento.
En la causa también están vinculados Víctor Ceferino Sosa y Juan Arnaldo Sisterna, cuya situación procesal sigue en análisis.
Con esta condena, la investigación entra en una nueva etapa. La maniobra ya tiene una responsabilidad penal reconocida. Ahora resta definir el alcance de las otras participaciones y determinar si hubo más involucrados en el desvío de alimentos que debían llegar a las escuelas.
