La exvicepresidenta, presa en su casa por corrupción, se mostró algunos minutos frente a un grupo de simpatizantes, con quienes cantó algunos temas.
En pleno debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y en el marco del paro general que realiza la CGT, la exvicepresidenta Cristina Kirchner se mostró este jueves a la tarde con la militancia, en el día de su cumpleaños.
Desde su balcón de su casa, ubicada en barrio porteño de Constitución, la exmandataria estuvo algunos minutos saludando a sus seguidores y se sumó en algunos cánticos.
La titular del Instituto Patria, de 73 años, no opinó en lo que va del año de ningún tema de coyuntura política. Solo condenó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero, y luego algunos pocos posteos sobre otros temas por fuera de la agenda.
Debido a su cumpleaños, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna “Queremos a Cristina”, además de algunas imágenes y videos que se titulan: “De Ushuaia a La Quiaca, queremos a Cristina”.
El aniversario de su nacimiento se enmarca en medio de la disputa por su pensión vitalicia, nuevos pedidos de decomiso en la causa Vialidad y sus reclamos por modificar las condiciones de su detención domiciliaria.
La semana pasada, la defensa de la exvicepresidenta insistió ante la Cámara Federal de Casación en su pedido para que le retiren la tobillera electrónica y que levanten los límites impuestos sobre las visitas que puede recibir y el tiempo que puede pasar en la terraza del edificio.
En su argumentación, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy indicaron que desde el 17 de junio de 2025- cuando comenzó su arresto domiciliario-, la expresidenta "dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas". En ese sentido, la defensa remarcó que "jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado" y que "ninguna persona" la visitó "sin contar con una autorización judicial previa".
Sin embargo, Casación rechazó el recurso y los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que las medidas cuestionadas "no constituyen un agravamiento de la pena ni una restricción autónoma de derechos, sino instrumentos de control inherentes a un régimen excepcional".
