La Justicia Federal ordenó allanar las oficinas de Global Market en el centro de San Juan, más de seis meses después de las primeras denuncias. El perjuicio estimado supera los $4.000 millones y hay al menos 45 víctimas.
La causa por la presunta megaestafa de Global Market sumó un capítulo importante el pasado jueves. La Justicia Federal ordenó allanar las oficinas de la firma financiera en pleno centro sanjuanino.
El procedimiento se realizó más de seis meses después de las primeras denuncias y luego de una larga disputa sobre qué fuero debía intervenir en la investigación.
El operativo tuvo lugar alrededor de las 11 en el inmueble ubicado en calle Mendoza 31 Sur, entre Avenida Libertador General San Martín y Laprida. Allí se presentó personal de Gendarmería Nacional y fue recibido por Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de la firma. El otro señalado como responsable, Miguel Ángel Cañada, no estuvo presente durante el procedimiento.
Los allanamientos no se limitaron a San Juan: el fiscal federal Francisco Maldonado también ordenó procedimientos en oficinas de Mendoza y Rosario, ya que Global Market operaba en otras partes del país junto a otra firma denominada GMI Inversiones.
Por el momento, no trascendieron los resultados de los procedimientos ni qué documentación o elementos de interés pudieron haber sido secuestrados.
La investigación comenzó tras las presentaciones de alrededor de 45 personas que denunciaron haber entregado sus ahorros a Global Market con la expectativa de obtener rendimientos mediante inversiones de bajo riesgo. El perjuicio económico estimado supera los $4.000 millones, aunque las cifras fueron creciendo a medida que aparecieron nuevos damnificados.
Uno de los puntos centrales de la causa es determinar qué ocurrió con el dinero. Según la hipótesis que manejan los investigadores, parte de los fondos habría sido derivada sin autorización de los clientes hacia empresas vinculadas a los propios investigados, entre ellas GMI Inversiones, con base en Rosario, donde el rastro del dinero habría desaparecido tras el cierre repentino de los locales.
El allanamiento llegó después de meses de discusiones sobre qué fuero debía intervenir. En mayo, la Fiscalía provincial impulsó la declaración de incompetencia y el pase del expediente a la Justicia Federal, decisión que algunos querellantes intentaron revertir sin éxito. El juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó esos planteos y dejó firme el traspaso al fuero federal.
Durante ese período, los representantes de los damnificados reclamaron medidas urgentes para preservar documentación y dispositivos electrónicos. La abogada Vanesa Laciar había cuestionado públicamente la demora en los procedimientos y exigido acciones concretas para reconstruir el recorrido de los fondos.
Con la intervención del juez federal Leopoldo Rago Gallo como juez de Garantías, el fiscal Maldonado imputó a Ahumada y Cañada por los delitos de estafa, lavado de activos y captación ilegal de fondos, aunque no se descarta que se sumen otras figuras penales a medida que avance la investigación.
Las penas previstas son significativas. La estafa contempla hasta seis años de prisión; el lavado de activos, de 3 a 10 años con posibilidad de agravarse; y la captación ilegal de fondos, de 1 a 4 años más inhabilitación. Ambos investigados fueron notificados de la instrucción, aunque la formalización de la causa es todavía materia pendiente.
La investigación continúa en una etapa preliminar. Tampoco se confirmó si se realizaron los procedimientos que la querella había solicitado en domicilios particulares de los titulares de Global Market y de familiares vinculados a las firmas investigadas. Las víctimas esperan respuestas concretas sobre el destino de sus ahorros.
