La postura de Fiscalía
El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, habló en los micrófonos de Canal 8 tras la audiencia y explicó que la investigación avanzó sobre maniobras financieras que podrían exceder ampliamente la competencia provincial.
Según detalló el funcionario judicial, existen sospechas de operaciones vinculadas al lavado de activos y movimientos financieros complejos realizados fuera de San Juan, situación que motivó el pedido formal para que intervenga la Justicia Federal.
Durante la audiencia, Fiscalía sostuvo que los responsables habrían utilizado fondos de inversores para beneficiar a empresas propias, derivando dinero hacia GMI Inversiones, una firma que —según la investigación— no estaba autorizada para operar dentro del mercado bursátil.
Además, la teoría del caso sostiene que muchos clientes tenían perfiles conservadores y habían autorizado inversiones de bajo riesgo, aunque posteriormente el dinero habría sido utilizado en operatorias financieras mucho más riesgosas sin consentimiento de los ahorristas.
Auditorías cuestionadas y sospechas sobre el sistema
Otro de los puntos expuestos por el Ministerio Público Fiscal fue la utilización de supuestas auditorías y autorizaciones financieras que luego habrían sido desmentidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Para Fiscalía, el esquema investigado no solo involucra posibles estafas, sino también maniobras que requerirán medidas de prueba y rastreo financiero en otras jurisdicciones del país. “Son investigaciones complejas que exceden la provincia”, remarcaron fuentes judiciales tras la audiencia.
Cómo comenzó la causa
La investigación tomó fuerza luego del cierre repentino de las oficinas de Global Market Valores sobre calle Mendoza Sur, situación que dejó a decenas de inversores sin respuestas sobre el destino de sus fondos.
A partir de ahí comenzaron a acumularse las denuncias de clientes que aseguraban no poder recuperar sus ahorros ni acceder a información clara sobre las inversiones realizadas. La pesquisa apunta principalmente contra Gustavo Omar Ahumada y otras personas vinculadas a las firmas investigadas.
Una causa que puede cambiar de fuero
Ahora toda la expectativa está puesta en la resolución del próximo martes. Si el juez declara la incompetencia de la Justicia provincial, el expediente pasará al fuero federal, donde podrían investigarse delitos financieros de mayor complejidad y alcance nacional.
