Un hombre de Chimbas fue condenado a cinco meses de prisión condicional por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, tras reportes de una red internacional.
La Justicia sanjuanina condenó a un hombre del departamento Chimbas por el delito de tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, luego de que una investigación confirmara la carga de archivos ilegales desde su domicilio.
El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, tras el reconocimiento del delito por parte del imputado, identificado con el apellido Vargas. La sentencia fue dictada durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, presidida por el juez Alberto Caballero.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, mientras que la defensa estuvo a cargo del defensor oficial Marcelo Salinas, quien acordó la pena con la fiscalía.
Según se expuso en la audiencia, la investigación se inició el 19 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía recibió cuatro reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional dedicado a la detección y denuncia de delitos vinculados a la explotación sexual infantil.
Los informes se originaron a partir de una alerta emitida por Google, que detectó entre el 9 y el 10 de agosto de 2025 la carga de material ilegal en una cuenta de Google Drive asociada al imputado. En total, se comprobó la subida de 51 archivos multimedia.
Las pericias técnicas permitieron establecer que todo el contenido fue cargado desde una única dirección IP, que luego fue geolocalizada en el domicilio de Vargas, en Chimbas. Este tipo de detecciones se enmarca en los sistemas de cooperación internacional entre plataformas digitales y organismos de protección de niños, niñas y adolescentes.
Como consecuencia del acuerdo de juicio abreviado, el acusado fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a prisión efectiva, aunque deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia. Además, se ordenó la sanitización del dispositivo electrónico secuestrado durante la causa y su posterior devolución.
El caso volvió a poner en foco el rol de los mecanismos internacionales de detección temprana y el trabajo conjunto entre empresas tecnológicas y el sistema judicial para combatir delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.
