El Ministerio de Seguridad acusará a la magistrada de los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El próximo lunes, el Gobierno hará una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a las pocas horas a 114 manifestantes detenidos durante la marcha de los jubilados frente al Congreso el miércoles pasado. Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Por lo tanto el Gobierno cree que la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no actuó como debía, por lo que Andrade se manejó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley.
El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.
Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.
“Mi sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, respondió la jueza Andrade y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "‘derecho baluarte' del sistema democrático”.
La magistrada, en su fallo, detalló que las fuerzas de seguridad omitieron información trascendental para considerar si una persona puede o no permanecer privada de su libertad: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.
