La causa por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevas líneas de investigación. Apuntan a viajes, propiedades y gastos que no cerrarían con los ingresos declarados.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete sumó en las últimas horas un nuevo eje: un viaje al Caribe que no figura en los registros oficiales y que abre interrogantes sobre sus movimientos y gastos.
Según los datos que analiza la fiscalía, el funcionario habría viajado a Aruba a fines de 2024 junto a su familia. Sin embargo, los registros migratorios no reflejan ese destino, sino ingresos y egresos por otros países de la región, lo que alimenta las sospechas sobre posibles inconsistencias.
Este nuevo elemento se incorpora a una causa que se encuentra en etapa inicial, pero que ya reúne documentación sobre bienes, movimientos y gastos del funcionario en el último tiempo.
Entre los puntos bajo análisis aparecen operaciones inmobiliarias relevantes: la compra de una vivienda en un country y un departamento en Caballito, este último adquirido por más de 200 mil dólares bajo un esquema de financiamiento poco habitual, con las propias vendedoras como acreedoras.
A esto se suman gastos vinculados a viajes y estilo de vida que también quedaron en la mira de los investigadores. Entre ellos, vuelos internacionales, traslados en avión privado y vacaciones familiares en el exterior.
En paralelo, la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba, incluyendo pedidos a registros oficiales, entidades financieras y organismos públicos, con el objetivo de reconstruir el patrimonio y los movimientos económicos del funcionario.
El proceso contempla además un peritaje contable clave: allí se evaluará si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos detectados. En este tipo de causas, la carga de la prueba recae sobre el investigado, quien deberá justificar el origen de sus bienes en caso de inconsistencias.
Mientras tanto, la causa sigue acumulando elementos y podría escalar en las próximas semanas si los informes respaldan las sospechas iniciales.
Estos datos forman parte del análisis general que busca determinar si existe una desproporción entre ingresos y nivel de gastos. En paralelo al avance judicial, el funcionario continúa en su cargo y se prepara para presentarse en el Congreso a fin de mes, en un escenario donde la causa ya tiene impacto político.
El expediente, sin embargo, aún se encuentra en fase preliminar. La definición sobre eventuales imputaciones dependerá del resultado de las pericias y de la capacidad de justificar el origen de los fondos observados.
