“Se detectó un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales, incongruentes con los antecedentes académicos de los postulantes”, explicó Adorni. Según indicó, “usualmente, un Diploma de Honor de la UBA obtiene entre 80 y 90 puntos en este examen”, por lo que los puntajes superiores a 90 registrados en algunas pruebas llamaron poderosamente la atención.
Entre los casos más llamativos, figura el de la Universidad Técnica de Manabí, de Ecuador. Nueve de sus egresados se ubicaron entre los primeros 27 puestos del ranking general, un desempeño sin precedentes para esa institución. Algo similar ocurrió con postulantes provenientes de Colombia y Bolivia, que también alcanzaron posiciones de privilegio.
En total, la medida afecta a 268 médicos, de los cuales 149 tienen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119 provienen de instituciones nacionales. La convocatoria original reunió a más de 8.000 aspirantes de todo el país, por lo que la proporción de exámenes bajo sospecha resulta significativa. Las primeras alertas surgieron de una denuncia colectiva presentada por aspirantes que advertían sobre presuntas irregularidades durante la jornada de evaluación. La presentación fue canalizada a través de la Universidad de Buenos Aires, lo que activó la revisión del proceso completo.
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El Gobierno anunció la suspensión de los exámenes por presuntas irregularidades en residencias médicas.
Meritocracia y controles reforzados
“La situación es llamativa y ocurre justo el mismo año en que el Ministerio de Salud corrigió una injusticia histórica, otorgando cinco puntos extra a los egresados de universidades argentinas”, destacó Adorni, en referencia a la reciente modificación en los criterios de evaluación.
En ese sentido, el Gobierno remarcó que busca asegurar un sistema basado en el mérito como principio rector, y que el objetivo es garantizar que accedan a las residencias “los mejores profesionales, no quienes intentan avanzar mediante trampas”. Además, se informó que la Dirección Nacional de Migraciones ya inició un cruce de datos para verificar la documentación presentada por los postulantes involucrados, y detectar posibles irregularidades en sus credenciales o antecedentes.
Qué pasará con los afectados
El nuevo examen, cuyo cronograma será anunciado en las próximas horas, tendrá como objetivo que los residentes puedan incorporarse a sus funciones a partir del 1° de septiembre, como estaba previsto originalmente. Por ahora, las autoridades no precisaron si habrá consecuencias disciplinarias o judiciales para quienes eventualmente hayan incurrido en fraude académico.
