Reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales
De acuerdo a un nuevo borrador que circuló, la propuesta del oficialismo busca reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y adaptar las relaciones de trabajo a los nuevos modelos productivos.
En medio de la expectativa por el contenido de la reforma laboral que el Gobierno pretende tratar y sancionar durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, en las últimas horas circuló un borrador del que se desprende que el oficialismo busca implementar una "modernización" con cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales.
De acuerdo a ese documento, la propuesta, que modifica de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias, tiene como objetivo reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales para adaptarlas a los nuevos modelos productivos.
En ese marco, se prevé la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado para que las empresas regularicen todas las relaciones laborales a su cargo a cambio de la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, y la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Respecto de la registración, el borrador del proyecto propone centralizarla en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado. De todas formas, mantiene la falta de "blanqueo" como una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.
A su vez, pretende modificar el régimen indemnizatorio, lo que habilitaría a los convenios colectivos a reemplazar el sistema tradicional por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores. También redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del acuerdo aplicable y establece un piso del 67% del sueldo normal y habitual.
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Además, el texto introduce cambios en el artículo 212 vinculado a enfermedades y accidentes laborales, ajusta los criterios para la reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.
Por otro lado, crea un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como "trabajadores independientes": fija obligaciones fiscales y de seguridad social, como así también la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, propone reforzar la obligación de pactar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que entorpezcan el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben brindar a los sindicatos.
Asimismo, plantea introducir otra fórmula de actualización de créditos laborales, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, y fija límites para las causas en trámite con el fin de evitar indemnizaciones superiores a las que resultarían del esquema previsto.
La iniciativa, que sigue siendo trabajada por el Ejecutivo antes de definir la versión final que será enviada al Congreso, analiza a su vez beneficios para la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
