Que proyecta Milei y sus reformas para el régimen laboral, impositivo y penal
Javier Milei anunció que impulsará reformas laboral, tributaria y penal, aunque ninguna fue presentada oficialmente. Adelantó cambios en convenios, impuestos y penas por delitos.
A tres semanas de haber logrado un nuevo respaldo electoral en las legislativas 2025, el presidente Javier Milei confirmó que su Gobierno buscará avanzar en un paquete de reformas que abarcará el sistema laboral, el esquema tributario y el Código Penal. Aunque ninguna de las iniciativas fue formalmente presentada, los funcionarios nacionales y algunos proyectos ya ingresados al Congreso permiten trazar el rumbo de lo que la administración libertaria intentará impulsar.
En una entrevista televisiva, Milei sostuvo que su gestión tiene “un plan para bajar 20 impuestos, reducir alícuotas y expandir la base imponible, de manera que no tenga sentido la evasión fiscal”. También planteó que, en materia laboral, “debe haber una modernización”, aunque aseguró que el objetivo no implica avanzar sobre derechos adquiridos. La clave, según explicó, es adaptar las relaciones de trabajo a nuevas dinámicas productivas y a distintas realidades empresariales.
Embed - TERMINÓ LA REUNIÓN DE JAVIER MILEI CON LOS GOBERNADORES
El debate laboral viene acompañado por una serie de antecedentes recientes. Las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, los puntos del proyecto presentado por la diputada Romina Diez y las bases del DNU 70/2023 —aunque frenado judicialmente— funcionan como marco. Entre las ideas analizadas figura la posibilidad de implementar convenios colectivos por empresa y no por actividad, bajo el argumento de que no es igual la estructura de una PyME que la de una multinacional. “La idea es que el convenio por empresa establezca los beneficios laborales mínimos, y que luego cada firma, en negociación con los gremios, pueda generar un diferencial mayor”, expresó Cordero en el último Coloquio de IDEA.
Otro punto del debate surgió a partir del artículo 197 bis del proyecto de Diez, que habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas. Aunque especialistas en derecho labo
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ral advirtieron que esta amplitud es posible dentro del texto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, negó públicamente que el Gobierno esté evaluando incluir este cambio. En paralelo, el oficialismo analiza modificar la manera en la que se definen los aumentos salariales, reemplazando las paritarias tradicionales por esquemas dinámicos basados en productividad. Para las PyMEs, el proyecto también contempla la posibilidad de cancelar indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas mensuales.
En materia tributaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno apuntará a un esquema más simple y con menos tributos. Una de las modificaciones en estudio es un nuevo IVA compartido entre Nación y provincias, donde el Estado nacional retendría un 9% y cada provincia podría aplicar un porcentaje adicional hasta completar el tope del 21%. Para los especialistas, esta división busca equilibrar recursos y dar más margen fiscal a las jurisdicciones. Entre las medidas mencionadas también aparece la eliminación del impuesto al cheque, aunque su implementación está atada a la consolidación del superávit fiscal. El diagnóstico es conocido: Argentina cuenta con más de 150 impuestos, de los cuales solo una docena explican la mayor parte de la recaudación.
El tercer eje del paquete es la reforma penal que el Presidente presentó públicamente en octubre junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La propuesta incorpora cambios estructurales: la imprescriptibilidad de delitos gravísimos —como homicidios, abusos sexuales, trata y narcotráfico—, el agravamiento de penas para delitos comunes y la creación de nuevas figuras vinculadas al entorno digital. El homicidio simple podría trepar a penas de hasta 30 años, y delitos como robos de celulares, entraderas, estafas piramidales y siniestros viales tendrían sanciones más severas.
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El proyecto suma un capítulo completo sobre delitos informáticos. Allí se tipifica la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, el fraude digital y los ciberataques. También se incorporan figuras hasta ahora inexistentes como pornovenganza, secuestro virtual, stealthing y violencia organizada, además de sanciones más duras para el grooming y la difusión de material de abuso infantil.
La iniciativa incluye además un rediseño del delito de enriquecimiento ilícito, nuevas figuras vinculadas a sustancias peligrosas en causas de narcotráfico, y el concepto de seguimiento socio-judicial para condenados por delitos graves. A esto se suman medidas que refuerzan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un capítulo destinado a delitos familiares, como hostigamiento y maltrato.
Con el Congreso renovado y el oficialismo fortalecido, el Gobierno se prepara para intentar avanzar con estas reformas. El contenido final dependerá de las negociaciones políticas, pero el rumbo ya fue marcado públicamente por el propio Presidente y sus ministros.
