En diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei derogó ese régimen mediante el artículo 154 del DNU 70/23, argumentando que la normativa limitaba las inversiones y el desarrollo productivo. Desde entonces, la medida quedó bajo la lupa judicial y generó un intenso debate político y jurídico.
Qué resolvió la Corte antes y por qué no fue suficiente
El máximo tribunal ya había intervenido recientemente en esta cuestión, pero sin resolver el fondo del problema. En aquella oportunidad, la Corte rechazó una demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) —que había logrado que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucional la derogación— pero lo hizo por una razón exclusivamente procesal: el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover ese reclamo.
En otras palabras, la Corte revocó el fallo que frenaba las ventas de tierras, pero no dijo si la derogación era constitucional o no. El propio tribunal aclaró posteriormente que "la controversia referida a la ley de tierras no ha sido resuelta en este caso" y que se pronunciaría cuando llegaran reclamos con los requisitos procesales adecuados.
La nueva causa que abre la puerta
Ese momento parece haber llegado. La causa que ahora impulsa la intervención de conjueces fue promovida por la asociación civil Árbol de Pie, una organización ambiental que cuestionó la derogación desde la perspectiva de la protección del ambiente y el patrimonio territorial, amparándose en derechos reconocidos por la Constitución Nacional.
El expediente fue presentado originalmente ante la Justicia Federal de Bariloche y luego pasó a la Cámara Federal de La Plata, pero hasta ahora no había sido analizado en su fondo. Con el rechazo del planteo del CECIM por falta de legitimación, el camino quedó despejado para que la Corte aborde esta nueva causa y, potencialmente, se pronuncie por primera vez sobre la validez constitucional de la derogación.
Lo que dice el Gobierno
El vocero presidencial Adrián Ravier salió a defender la medida y aseguró que la derogación no pone en riesgo la soberanía territorial. Sostuvo que "la tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción" y que la medida busca "atraer inversiones y ampliar la producción" en tierras con potencial productivo.
También aclaró que la derogación no modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras, que mantiene sus controles específicos.
El debate en el Congreso
En paralelo, la Cámara de Diputados reanudó este martes el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, que busca endurecer las penas por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y ampliar las restricciones vinculadas con la seguridad nacional.
La discusión en comisión está atravesada precisamente por el fallo de la Corte y la derogación de la Ley de Tierras, con exposiciones de especialistas, ex combatientes y representantes de organizaciones civiles.
La pregunta que la Corte todavía no respondió —si derogar la Ley de Tierras fue o no constitucional— sigue abierta. Y ahora, con dos conjueces en camino, el máximo tribunal tiene una nueva oportunidad para responderla.
