El inmueble, cuya valuación fue estimada en alrededor de US$ 17 millones, quedó bajo la lupa por su posible vinculación con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La investigación también alcanza al presidente de la entidad, Claudio Tapia.
Con el avance de las actuaciones, los investigadores ampliaron el objeto de la causa. Ya no se trata únicamente de establecer quién adquirió la propiedad, sino de reconstruir un presunto circuito financiero que habría involucrado sociedades comerciales, transferencias de dinero, modificaciones empresariales y operaciones patrimoniales. La hipótesis contempla la posible existencia de intermediarios que habrían operado entre 2021 y 2025 para canalizar fondos obtenidos por la AFA a través de distintos mecanismos financieros y fuera del circuito bancario argentino.
Por qué la Corte eligió los tribunales porteños
Uno de los argumentos centrales del máximo tribunal fue que la ubicación de la mansión en Pilar no alcanza para determinar qué juzgado debe intervenir en una investigación de mayor alcance.
Los jueces destacaron que Real Central SRL tenía su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, que el contrato de compraventa se habría celebrado en esa jurisdicción y que la propia AFA tiene allí su domicilio institucional, en la calle Viamonte. También tuvieron en cuenta que las operaciones societarias y financieras bajo análisis presentan una conexión territorial significativa con la Capital Federal.
Con estos fundamentos, la Corte consideró que la investigación debía continuar en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Rafecas, y descartó que el expediente quedara en manos de la Justicia de Campana. La resolución representa un revés para la estrategia judicial que buscaba concentrar la investigación en Campana. Sin embargo, el fallo no establece responsabilidades penales ni determina que los dirigentes mencionados hayan cometido delitos.
A partir de ahora, Rafecas deberá continuar con el análisis de las operaciones financieras, las sociedades involucradas y el patrimonio investigado para establecer el origen de los fondos utilizados y determinar si existieron maniobras ilícitas.