En el texto sostuvo que detrás de reclamos vinculados a discapacitados, jubilados y universidades se esconden “intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos”. Y fue más directo: “Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”.
Para Milei, cuando alguien intenta auditar esas estructuras, “aparece el chantaje moral”: la acusación de estar en contra de los sectores vulnerables. “El objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes más lo necesitan. El objetivo es que nadie se atreva a cuestionar su negocio”, afirmó.
El texto cerró con una exigencia: “Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso”.
Más allá del tono del presidente, la realidad legislativa tiene sus propias reglas. Los bloques opositores que impulsan la sesión buscan reunir el quórum necesario para avanzar en tres frentes: el rechazo al DNU 70/23 —que derogó, entre otras cosas, la Ley de Tierras—, proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, y la extensión de la emergencia en discapacidad.
El eje universitario también estará presente. Los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigen que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, e incorpore los recursos necesarios en el proyecto de Presupuesto 2027.
El reclamo cobró fuerza después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de esa ley y ordenara al Gobierno avanzar con su implementación.
Los números del conflicto son concretos. El sistema universitario reclama una recomposición salarial del 33,4%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
Según el CIN, las necesidades presupuestarias del sistema para 2027 ascienden a $11 billones, frente a los $7,349 billones que contempla el proyecto del Gobierno. La diferencia es de casi $4 billones y, por ahora, no hay acuerdo a la vista.
El clima que se viene
El Gobierno apeló el fallo judicial que lo obligaba a aplicar la ley universitaria, lo que profundizó el conflicto. La oposición llegará al 15 de octubre con ese antecedente fresco, la marcha universitaria como respaldo en la calle y varios proyectos listos para votar.
Milei llegará a esa misma fecha con su texto en las redes, su postura inamovible sobre el gasto público y la convicción de que lo que el Congreso llama derechos, él llama cajas.
