Aunque la ley no menciona expresamente a Malvinas, fue sancionada en un contexto marcado por las actividades de exploración petrolera británicas en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.
Ahora, el Gobierno pretende ampliar las herramientas para sancionar no solamente a las compañías que realizan las operaciones, sino también a proveedores, accionistas y directores vinculados con esos proyectos.
La propuesta también busca impedir que los infractores puedan contratar con organismos estatales y con empresas privadas dentro del territorio argentino. Además, contempla la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia cuando corresponda.
El objetivo es que las petroleras elijan Vaca Muerta
Quirno explicó que la intención oficial no es solamente castigar a las empresas, sino generar un incentivo para que las compañías orienten sus inversiones hacia Argentina continental.
“Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir”, sostuvo el canciller durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), en Misiones.
En ese escenario aparecen dos proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las islas. Quirno mencionó el interés de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en el desarrollo de Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas.
Según explicó el funcionario, las empresas y sus proveedores ya fueron advertidos sobre las posibles consecuencias y estimó que el universo alcanzado por las medidas podría involucrar a unas 180 compañías.
Qué sanciones existen actualmente
La legislación vigente ya contempla un régimen de sanciones importante para quienes operen sin autorización argentina. Entre otras medidas, puede establecer: Inhabilitaciones de 5 a 20 años. la reversión de concesiones hidrocarburíferas, la pérdida de beneficios y exenciones impositivas o previsionales, la prohibición de contratar con el Estado nacional, las provincias y los municipios.y el registro de las personas o empresas sancionadas.
Además, desde la reforma incorporada en 2013 por la Ley 26.915, determinadas conductas pueden derivar en penas de prisión.
La exploración o el encargo de tareas de exploración sin autorización puede tener penas de 5 a 10 años, mientras que en casos de extracción, transporte o almacenamiento la pena puede llegar hasta 15 años.
Cancillería quedó al frente de la aplicación de la ley
El Gobierno también modificó quién tendrá el control de la normativa. A través del Decreto 868/2026, trasladó la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 desde la Secretaría de Energía al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
De esta manera, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería aquellas situaciones que puedan constituir infracciones. El cambio apunta a que el Gobierno pueda actuar con mayor rapidez frente a operaciones hidrocarburíferas que considere contrarias a la legislación argentina.
La estrategia también mira a Tierra del Fuego y Chile
Quirno también respaldó el anuncio relacionado con la construcción de un polo en Tierra del Fuego, un proyecto que, según sostuvo, permaneció paralizado durante la gestión anterior. “El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”, afirmó.
En paralelo, el canciller se refirió a la nueva ruta marítima anunciada entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Dijo que Argentina manifestó su rechazo ante Chile y aseguró que el Gobierno pretende que esa conexión no se concrete.
“Nosotros pretendemos que no se realice y ellos están primariamente de acuerdo”, señaló sobre la posición chilena.
Al cerrar su exposición, Quirno volvió a defender la estrategia oficial frente a la disputa por las islas: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas”.
