La investigación alcanzó al entonces presidente Mauricio Macri y al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne. También quedaron involucrados funcionarios que actualmente forman parte del Gobierno de Javier Milei: Luis Caputo, actual ministro de Economía, que en aquel momento era secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado y entonces titular del BCRA.
La causa había sido archivada en febrero por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pero Picardi apeló la decisión y pidió que la investigación continuara.
Los camaristas sostuvieron que la Justicia no puede revisar una decisión de política pública únicamente porque pueda ser considerada inconveniente o perjudicial. Para que exista intervención penal, señalaron, debe haber evidencia concreta de un delito.
En ese sentido, consideraron que el acuerdo con el FMI se produjo en un contex
to de “urgencia financiera reconocida” y que durante la investigación no surgieron elementos que permitieran afirmar que los funcionarios hubieran actuado deliberadamente con la intención de violar la ley.
La Cámara también aplicó la doctrina de la Corte Suprema respecto de aquellas decisiones que corresponden a otros poderes del Estado y que, en principio, quedan fuera del control judicial.
Esa protección tiene un límite: cuando una política pública es utilizada como cobertura para obtener un beneficio personal. Según el fallo, tampoco pudo demostrarse que eso hubiera ocurrido en este caso.
Uno de los ejes de la denuncia estaba relacionado con las supuestas irregularidades administrativas que rodearon el acuerdo. La fiscalía había cuestionado la ausencia de un decreto presidencial para formalizarlo, la falta de intervención del jefe de Gabinete y la participación del entonces Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.
También había señalado que no existió un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos y que algunos expedientes administrativos fueron abiertos de manera tardía.
Qué pasó con el supuesto perjuicio de USD 29.618 millones
Otro de los elementos analizados fue una estimación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que había calculado en USD 29.618 millones el supuesto perjuicio patrimonial para el Estado.
Para la Cámara, ese número por sí solo no demuestra que los funcionarios hubieran utilizado de manera consciente recursos públicos sabiendo que la operación era ruinosa. Tampoco permitió acreditar, según los jueces, que hubiera existido una sustracción de fondos para beneficio propio o de terceros.
Durante los más de cinco años de investigación se incorporaron informes de la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios y documentación relacionada con el acuerdo con el organismo internacional.
Con el fallo de la Cámara Federal, la investigación queda archivada y el pedido del fiscal Picardi para reabrirla fue rechazado.
