Las audiencias públicas fueron convocadas para el miércoles 25 en forma presencial y para el jueves 26 en forma virtual, pero la duda que circulaba en el Congreso es cómo se materializará la realización de esas reuniones para que todos puedan exponer sobre la reforma.
Ante ese escenario, desde el oficialismo analizan alternativas para poder organizar las exposiciones, ya que resulta imposible garantizar que todos los inscriptos puedan hablar de manera presencial en el Congreso.
La opción que gana fuerza en La Libertad Avanza es que la mayoría de los participantes exponga por escrito o mediante videos enviados por correo electrónico, mientras que solo una parte podrá hacerlo en forma presencial.
Según trascendió, los bloques políticos deberán repartirse cupos para definir quiénes serán los oradores presenciales durante las jornadas de debate.
Los participantes que no sean seleccionados tendrán dos alternativas: presentar un documento escrito o enviar una grabación en video, una posibilidad que todavía se analiza y dependerá de la capacidad técnica de la Cámara para recibir y procesar el material audiovisual.
La coordinación de las audiencias está a cargo de los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, encargadas de dictaminar sobre el proyecto. Las audiencias fueron convocadas para los días 25 y 26 de marzo: el primero con exposiciones presenciales y el segundo de manera virtual.
Fuentes parlamentarias señalaron que no está previsto agregar un tercer día de audiencias, ya que el volumen de inscriptos es tan alto que extender el cronograma no resolvería el problema.
En el oficialismo incluso deslizan sospechas sobre el origen de la masiva inscripción y consideran que parte de la convocatoria podría responder a una estrategia de saturación del sistema. El plazo para anotarse, además, sigue abierto hasta el 20 de marzo, por lo que el número de interesados todavía podría crecer.
Desde la oposición ya comenzaron a reclamar que se garantice una participación amplia y efectiva de la ciudadanía.
Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán enviaron una nota a los organizadores de la audiencia para pedir que se respete el derecho de los inscriptos a participar del debate.
La realización de la audiencia pública es una exigencia prevista en la legislación ambiental y también surge del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso en 2020.
El proyecto en discusión propone modificar la ley sancionada en 2010, que protege a los glaciares y las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Entre otros cambios, la iniciativa busca otorgar mayor potestad a las provincias para definir el uso y la preservación de estas áreas, un punto impulsado especialmente por gobernadores de provincias con actividad minera.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es proteger el recurso hídrico, aunque permitir que las provincias puedan decidir sobre determinadas actividades en esas zonas.
La discusión promete ser intensa: el tema involucra cuestiones ambientales, productivas y de soberanía sobre los recursos naturales, por lo que las audiencias públicas se perfilan como un escenario clave del debate parlamentario.
