La Cámara de La Plata le dio la razón y la causa llegó al cuarto piso del Palacio de Tribunales porque apelaron la prepaga y el Estado Nacional.
Por qué la Corte dijo que el decreto no alcanzaba
El centro del fallo es el uso de los decretos de necesidad y urgencia. Los jueces recordaron que el Poder Ejecutivo solo puede legislar de manera excepcional, y concluyeron que en este caso no se cumplieron esas condiciones.
Para la Corte, los fundamentos del DNU no muestran ni una justificación mínima de una situación excepcional. Mencionar en términos generales una “crisis del sistema de salud” o la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” no alcanza para dejar de lado al Congreso. El tribunal tampoco encontró pruebas de una urgencia que impidiera el trámite legislativo normal.
Además, la Corte señaló que el Gobierno no explicó qué relación concreta había entre la emergencia económica y social que invocaba y la decisión de eliminar los controles de la autoridad de aplicación.
Qué cambia: la Superintendencia vuelve a controlar
Según la sentencia, la Superintendencia tendrá que verificar que los aumentos sean razonables. Para eso, cada suba deberá basarse en cambios reales en la estructura de costos de las empresas y en un cálculo actuarial de riesgos razonable.
El límite del fallo: no hay tope atado a la inflación
La victoria de la afiliada no fue completa. La Corte revocó la parte de la sentencia de la Cámara que obligaba a la prepaga demandada a limitar sus aumentos al índice de precios al consumidor (IPC). Es decir, el tribunal no fijó ningún tope automático por inflación. Lo que hizo fue devolverle al Estado la tarea de supervisar que los aumentos estén justificados.
Hasta el momento, ni el Gobierno ni la empresa se pronunciaron sobre la sentencia.