Inocencia Fiscal: la ley que el Gobierno pretende sancionar en el Congreso
La norma fue incluida en el temario que el Legislativo debatirá entre el 10 y el 30 de diciembre próximos, junto al Presupuesto 2026, la reforma laboral, la modificación del Código Penal y la Ley de Glaciares.
En la tarde del viernes, Manuel Adorni confirmó que Javier Milei se alistaba para firmar el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso entre los próximos 10 y 30 de diciembre. Entre los temas a debatir, el jefe del Gabinete incluyó al Presupuesto 2026,la Ley de Inocencia Fiscal, el compromiso nacional para la estabilidad, la modernización laboral, la reforma del Código Penal yla adecuación del régimen para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
De forma paralela a la denominada "ley de leyes", prioritaria para el Gobierno, que prorrogó el Presupuesto del 2023 en los dos siguientes años, el oficialismo pretende aprobar el proyecto vinculado al uso de los dólares bajo el colchón.
La iniciativa de Inocencia Fiscal ingresaría entre el jueves o viernes de la próxima semana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal.
El Gobierno había enviado el proyecto en junio y había sido presentado por Juan Pazo, titular de ARCA, y el entonces diputado José Luis Espert
El objetivo del Ejecutivo en este caso es modificar los criterios que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para perseguir a aquellas personas que presenten inconsistencias en sus respectivas declaraciones juradas.
Uno de los principales cambios es que se permitirá ampliar el patrimonio propio sin la necesidad de dar explicaciones formales, además de elevarse los montos necesarios para que se convierta en delito la evasión fiscal.
En ese sentido, se incrementará de $1,5 millones a $100 millones el mínimo de dinero no declarado por encima del cual el Estado debe investigar por posible comisión de delito de evasión simple. En tanto, para los casos de "evasión agravada", el piso tiene que superar los $1.000 millones, en vez de los $15 millones que rigen en la actualidad.
Por otro lado, por falsificación de facturas o uso indebido de beneficios fiscales el piso subirá desde $1,5 millones a $100 millones, mientras que por retención de impuestos, es decir, empresas que cobran por sus servicios, como la luz, y no los giran al Estado, el mínimo pasará de $100 millones a $10 millones.
Además, la iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual los contribuyentes que adhieran quedarán blindados para siempre. El tope patrimonial será de hasta $10.000 millones para poder registrarse y garantiza evitar informar sobre variaciones patrimoniales y el control sobre los consumos.
