"Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas", dijo el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en un extenso posteo donde detalló los alcances de la resolución.
En ese marco, se otorga un plazo de tres meses para completar su cierre administrativo, que incluye la presentación de un informe final con el detalle de resultados y la rendición de los fondos utilizados.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la eliminación de la contribución obligatoria que financiaba el plan. Este aporte, que recaía sobre establecimientos vitivinícolas de todo el país, deja de ser exigible, lo que representa un alivio económico para bodegas y productores, especialmente en un contexto de presión sobre los costos.
Recursos remantes y regulación
Además, la norma determina que los recursos remanentes deberán ser transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo que continuará con funciones de control y regulación del sector.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad encargada de ejecutar el PEVI, no será disuelta, aunque perderá el financiamiento automático que le otorgaba el esquema anterior. Su continuidad, en adelante, dependerá de nuevos mecanismos de articulación y financiamiento.
Desde el gobierno nacional señalaron que la medida busca “ordenar y transparentar” el funcionamiento institucional del sector, al tiempo que deja abierta la posibilidad de diseñar nuevas políticas de desarrollo vitivinícola bajo criterios actualizados.
El cierre del PEVI implica, así, el final de una etapa en la planificación estratégica del vino argentino, uno de los complejos productivos más representativos de economías regionales como Mendoza y San Juan.
