El documento interno, elaborado en abril de 2025 por el Ministerio de Salud y revelado por La Nación, advierte sobre “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos entre empresas proveedoras que habrían alterado los principios de competencia y razonabilidad del gasto público.
Según el informe, el Estado habría desembolsado más de $18.100 millones a través de 37 facturas actualmente bajo análisis judicial. Entre las firmas involucradas aparecen Farma Salud, Bymax Medical, Artrobone, Expo Trauma, Ortopedia Bernat y Cirugía y Ortopedia Innova.
La principal proveedora señalada es Farma Salud, empresa que recibió alrededor de $7900 millones. Uno de sus socios, Osmar Mariano Caballi, fue citado a declaración indagatoria. El empresario tuvo además un paso por la propia ANDIS durante la gestión de Alberto Fernández.
La investigación también puso bajo la lupa el mecanismo de contratación utilizado por el organismo. La sospecha es que el sistema interno de licitaciones habría sido manipulado para invitar únicamente a determinadas empresas, simulando competencias de precios que en realidad no existían.
En paralelo, la Justicia analiza audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde presuntamente se mencionaría el pago de retornos vinculados a contratos estatales. El fiscal Franco Picardi ya solicitó peritajes de voz para determinar la autenticidad de esos registros.
La causa, encabezada por el juez Ariel Lijo, intenta establecer si existió una asociación ilícita destinada a direccionar contrataciones públicas a cambio de supuestas coimas de entre el 12% y el 20% del valor total de las compras.
