El planteo había sido impulsado por su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, quien expuso que el exfuncionario padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellas diabetes insulinodependiente, hipertensión, fibrilación auricular, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y antecedentes de accidente cerebrovascular.
Uno de los puntos centrales que analizó Casación fue el episodio cardíaco que sufrió el pasado 1 de abril, cuando debió ser trasladado de urgencia desde la Unidad 19 de Ezeiza para ser sometido a una angioplastia y la colocación de un stent.
Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci entendieron que el Servicio Penitenciario Federal no logró acreditar que cuenta con capacidad médica suficiente para responder ante nuevas emergencias de salud.
Según surge del fallo, la propia unidad penitenciaria informó que no dispone de guardia médica activa durante las 24 horas y que, en determinados horarios, solo cuenta con personal de enfermería.
Los informes médicos incorporados al expediente describieron a De Vido como un paciente de “alto riesgo cardiovascular”, con posibilidades concretas de sufrir nuevas descompensaciones graves.
“La permanencia del interno en el Servicio Penitenciario presenta un escenario de riesgo ya verificado y lo expone a la producción de un daño grave o irreversible”, señalaron los especialistas citados por la resolución.
Por su parte, el fiscal Nicolás Czizik había solicitado rechazar el pedido al sostener que el exministro se encontraba clínicamente estable y que el sistema penitenciario podía garantizar la atención necesaria. Sin embargo, Casación concluyó que debía prevalecer un análisis integral sobre los riesgos que implica su permanencia en prisión.
Ahora, el juez de ejecución Ricardo Basílico deberá concretar el traslado de De Vido desde Ezeiza hacia su domicilio en Zárate, donde cumplirá la condena bajo monitoreo electrónico mediante tobillera y con prohibición de salida del país.
La condena contra el exfuncionario quedó firme en noviembre pasado, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las partes en la causa vinculada al manejo de fondos destinados a Trenes de Buenos Aires (TBA), empresa concesionaria involucrada en la tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que dejó 52 muertos y cientos de heridos.
