También se impulsa la Ley Hojarasca, un proyecto que busca derogar normas consideradas obsoletas, desde leyes de Prensa de principios del siglo XX hasta regulaciones desactualizadas sobre organismos técnicos y servicios públicos, en un intento de “limpiar la legislación” y simplificar el marco jurídico. El oficialismo trabajó en la aceptación de casi todas las propuestas de la oposición que llegaron a la comisión de Economía, donde se trató el proyecto, lo que permitió un trato de consenso en la Cámara de Diputados, aunque el debate aún debe avanzar en el Senado.
El Gobierno presenta además el dictamen de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo que facilita la protección de invenciones en el plano internacional y se alinea con el discurso de abrir la Argentina a la innovación, el conocimiento y la ciencia de última generación.
También se discuten cambios al régimen de Zonas Frías, que recortarían subsidios a la tarifa de gas en localidades de bajas temperaturas, compensando con excepciones tributarias para empresas que inviertan en el desarrollo de la Patagonia.
El Poder Ejecutivo ha enviado unos 30 proyectos de ley en total, lo que genera un intenso debate de filosofía de Estado, más allá de la grieta tradicional, y obliga a la Cámara de Diputados a marcar prioridades entre crecimiento económico, mercado único latinoamericano, reforma del Estado y eliminación de subsidios cruzados.
El oficialismo intenta dejar atrás la parálisis generada por el caso Adorni y reordenar el debate político en torno a inversiones, propiedad privada, innovación y orden de las cuentas, mientras el mercado festeja la caída del riesgo país y la sociedad debate el costo social de ese modelo económico.
