El diagnóstico: Guillain-Barré
Tras ser internada en un sanatorio de Río Cuarto, sometida a resonancias magnéticas, análisis de laboratorio y una punción lumbar, los médicos le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. El tratamiento incluyó gammaglobulina, corticoides y un plan de neurorehabilitación intensiva.
Los informes médicos incorporados al expediente describen una cuadriparesia flácida con compromiso severo de la movilidad y la necesidad de silla de ruedas como apoyo para el desplazamiento en los primeros tiempos. La evolución fue parcial, con limitaciones funcionales que persisten hasta hoy.
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente que fue identificado por la Agencia Europea de Medicamentos como un evento adverso de especial interés para el seguimiento de las vacunas contra el Covid-19. La EMA lo incorporó como una reacción adversa muy rara en la información de la vacuna Vaxzevria de AstraZeneca, aunque sostuvo que el balance general entre beneficios y riesgos de la vacunación continuó siendo favorable.
La documentación que respalda el reclamo
La demanda presentada por Ochoa no se apoya únicamente en su testimonio. El expediente incorpora una extensa documentación médica y administrativa: historia clínica, certificados neurológicos, estudios complementarios, constancias de denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación (ESAVI), un reporte remitido a la ANMAT, el Certificado Único de Discapacidad, recibos laborales y el dictamen de la Comisión Médica que estableció el 75,60% de incapacidad laboral.
También figuran prescripciones para fisioterapia, kinesiología y neurorehabilitación, además de indicaciones farmacológicas para el seguimiento del cuadro clínico.
El reclamo administrativo que no prosperó
Antes de acudir a la Justicia, Ochoa siguió el camino previsto por la Ley 27.573, que establece un procedimiento administrativo para personas que alegan haber sufrido daños asociados a vacunas contra el Covid-19. El resultado fue adverso: la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó que no había podido establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado.
"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló Ochoa. La acción judicial también cuestiona la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y solicita, en forma subsidiaria, el reconocimiento del fondo de reparación previsto por esa normativa.
El contexto político y judicial que rodea el caso
La causa de Ochoa no es la única investigación vinculada a las vacunas contra el Covid-19 que transita los tribunales argentinos. La investigación por presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia avanza en la Justicia federal, y días atrás declaró de manera indagatoria la ex asesora presidencial Cecilia Nicolini.
La situación del empresario farmacéutico Hugo Sigman, señalado como actor clave en la negociación de las vacunas durante el gobierno de Alberto Fernández, permanece sin definición: el empresario, que eligió vivir en España, hasta el momento logró evitar presentarse ante la Justicia.
Mientras esos expedientes avanzan en sus propios tiempos, Flavia Ochoa espera que alguien en la Justicia establezca si lo que le pasó a partir de esa tarde de enero de 2022 en Córdoba tiene o no responsables.
