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Cacho Garay y su "cómplice" fueron enviados a la cárcel

El juez de garantías Federico Martínez revocó la domiciliaria del humorista y dictó prisión preventiva para la empleada de la Legislatura Sandra Astudillo.

Acusado de 10 delitos en contexto de violencia de género y arriesgando una pena de hasta 20 años de cárcel, la Justicia ordenó esta tarde que Juan Antonio “Cacho” Garay (68) siga detenido pero en la cárcel. En tanto que para su “cómplice”, Sandra Astudillo Staffolani (58) estableció que continúe en el penal de mujeres de Cacheuta, al haberle dictado la prisión preventiva, hasta que termine la investigación que la tiene como “coautora” de los abusos denunciados por la cantante Verónica Macías (36), ex pareja del humorista.

Acusado de 10 delitos en contexto de violencia de género y arriesgando una pena de hasta 20 años de cárcel, la Justicia ordenó esta tarde que Juan Antonio “Cacho” Garay (68) siga detenido pero en la cárcel. En tanto que para su “cómplice”, Sandra Astudillo Staffolani (58) estableció que continúe en el penal de mujeres de Cacheuta, al haberle dictado la prisión preventiva, hasta que termine la investigación que la tiene como “coautora” de los abusos denunciados por la cantante Verónica Macías (36), ex pareja del humorista.

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Esta tarde el juez Federico Martínez cerró la audiencia que había comenzado el lunes, revocando la prisión domiciliaria de la que gozaba el humorista, y por otro lado, dictó la prisión preventiva para Astudillo, una ex reina vendimial por Tunuyán que se desempeñaba como empleada en la Legislatura, que presenció la audiencia de forma “virtual”. Además, al cómico se le impuso un embargo por $5 millones y a la empleada legislativa uno por $2,5 millones, confirmaron fuentes judiciales.

Desde que fuera detenido el 12 de abril, tras ser denunciado por su ex pareja hasta el presente, pesan sobre Garay una acusación conformada por 10 delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”, según consta en el expediente judicial.

Al término de la audiencia, Garay pasó a la Unidad 12 Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), donde permanecerá durante el fin de semana para luego ser enviado al penal.

En tanto que Astudillo, tras ser detenida el 13 de junio, está acusada por: “abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”.

Al ordenar que los dos acusados deban estar encarcelados mientras dure la investigación, el juez Martínez hizo lugar al pedido de la fiscal de Violencia de Género Mónica Fernández Poblet y de los defensores de Macías, los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.

Acusadora y querellantes habían solicitado la revocación de la domiciliaria del comediante por la cantidad de pruebas en contra, la alta pena que arriesga, el peligro de obstaculizar la investigación y el riesgo de fuga. En el mismo sentido se expresaron en relación a Astudillo, para quien habían solicitado la prisión preventiva.

Así las cosas, el juez desechó las posiciones de los defensores: Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz –por Garay- habían considerado que era extemporáneo el pedido de revocación; y El abogado Carlos Moyano, defensor de Sandra Astudillo, había pedido la libertad, o en subsidio, la domiciliaria para su clienta.

Por otra parte, Martínez avaló en parte el pedido realizado por los querellantes que habían solicitado un embargo de $5.000.000 para cada uno los acusados para afrontar las costas de un futuro juicio y también para una futura demanda civil. Impuso ese monto para el humorista pero la mitad para la empleada legislativa.

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