Poco después, se descubrió que no era el único afectado: también se habrían usado los datos de los mandatarios Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).
Las compras, al menos 16 operaciones entre septiembre y octubre de 2024, fueron ingresadas al país mediante el régimen Courier, lo que permitió su despacho rápido sin controles aduaneros tradicionales. Todas tenían como destino un domicilio en el barrio porteño de Núñez, donde vive la acusada.
Según el expediente, Olguín habría falseado datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), perjudicando a los titulares de los CUIT y defraudándolos en montos que superan el millón de pesos por persona.
Allanamiento, secuestros y nuevas imputaciones
El 12 de diciembre de 2024, la casa de la influencer fue allanada por la Policía Federal, donde se secuestraron U$S 16.646, bolsas con prendas nuevas de la marca Revolve, un iPhone 15 Pro, una notebook, facturas de FedEx y cámaras digitales. La cantidad de productos hallados y las evidencias electrónicas fortalecieron la hipótesis del fiscal de que existió una maniobra reiterada y planificada.
Tras ser procesada en mayo de este año sin prisión preventiva, Olguín había intentado negociar una probation —una suspensión del juicio a prueba—, incluso ofreciendo realizar tareas comunitarias en Tucumán y emitir disculpas públicas. Sin embargo, el fiscal Chit rechazó el pedido y avanza con la intención de llevarla a juicio oral.
El caso San Juan: el CUIT de Orrego, también en la trama
Entre las víctimas figura el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, cuyos datos personales habrían sido utilizados para una de las compras registradas por la influencer.
Si bien el expediente principal se instruye en Tucumán, el Juzgado Federal N°2 de esa provincia declaró su competencia parcial, dejando abierta la investigación en cuatro distritos más, entre ellos San Juan.
En la provincia, Olguín también fue imputada e indagada, y su defensa habría iniciado conversaciones para ofrecer un resarcimiento económico. No obstante, fuentes judiciales sanjuaninas señalaron que el caso podría acumularse bajo la jurisdicción tucumana, al haber sido ese el primer fuero en prevenir y documentar los hechos.
Hacia un juicio colectivo y sin salida rápida
El avance de la causa en Tucumán convierte a esa jurisdicción en “árbitro” de las cinco provincias involucradas. Chit, según trascendió, pretende unificar las causas bajo un juicio abreviado colectivo, una figura que permitiría una sentencia común y evitaría múltiples procesos paralelos.
Mientras tanto, Olguín tiene prohibido abandonar el territorio nacional y deberá comparecer ante el fiscal el 4 de noviembre antes de las 10 de la mañana, junto con sus abogados.
La causa no solo involucra una defraudación millonaria sino que también expone una filtración grave de datos personales de altos funcionarios del Estado, lo que podría derivar en derivaciones políticas y administrativas en los próximos meses.
Un caso que combina lujo, fraude y política
El caso Valentina Olguín se convirtió en una trama donde confluyen la frivolidad de las redes sociales y el delito económico.
Una influencer que mostraba glamour y viajes en Instagram ahora enfrenta cargos por contrabando agravado, mientras entre las víctimas figuran cinco de los principales gobernadores del país, incluido un sanjuanino.
San Juan observa con atención: más allá de los montos, el caso toca de lleno la seguridad de los datos personales de los funcionarios públicos y plantea una pregunta incómoda para el sistema:
¿qué tan fácil es, en la Argentina, vulnerar la identidad fiscal de un gobernador?
