Este jueves, se conoció que tuvo una primera resolución el amparo presentado por el Sindicato de Empleados Públicos de San Juan (SEP), ante el decreto del orreguismo que anulaba los nombramientos y contratos de los últimos 6 meses de la gestión provincial anterior. El Octavo Juzgado Civil dictó una medida cautelar para restituir a los empleados estatales cesanteados mientras se realiza de forma paralela el proceso de revisión de contratos.
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En este contexto, Canal 8 habló con el asesor Letrado de Gobierno, Ricardo Ferrari, quien aseguró que “oficialmente no hemos sido notificados aún, nos enteramos a través de los medios”. Sin embargo, el funcionario adelanto que en las próximas horas el Ministerio de Economía de la provincia informará quiénes serán la primera tanda de empleados estatales que serán restituidos en sus cargos, tras la revisión de la comisión.
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“Se resolvió la cautelar sin darnos una participación a opinar o presentar algún tipo de defensa previa y, estoy seguro que Fiscalía (de Estado) tomará cartas en el asunto, porque debe ser notificada, comparecer en el Juzgado y ejercer las acciones que correspondan al Estado provincial”, explicó Ferrari.
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Por otro lado, sobre cómo actuará el Gobierno, el funcionario explicó cómo trabajan en la revisión e hizo un anuncio. “Por parte del Ejecutivo, debo decir que la Comisión Revisora de las designaciones está funcionando. Tengo el conocimiento que probablemente hoy, el Ministerio de Economía estaría emitiendo una resolución, nominando cuáles son los agentes que van a permanecer en planta permanente”, dijo. Y aclaró que la restitución será gradual, a medida que avance la revisión: “No comprende la totalidad del universo, sino que la Comisión realiza su trabajo de forma gradual”.
En este contexto, Ferrari destacó que “es muy probable que algunos amparistas que estén comprendidos en este amparo (del SEP) y los demás que fueron rechazados en Primera Instancia y que están en revisión en la Cámara feriante, estén comprendidos en la resolución de hoy, que se va a emitir comunicado su permanencia en el cargo, y en cuyo caso esos reclamos quedarían en abstracto”.
Para finalizar, el funcionario subrayó que “la Provincia está convencida que muchos casos habían sido irregulares y que, desgraciadamente, esa gente quedó afuera, pero no por un capricho ni arbitrariedad del Poder Ejecutivo, sino porque el acto de designación es irregular o no tienen la antigüedad de 6 meses que exige la Constitución para adquirir la estabilidad. Por lo tanto, hay facultad del gobernador de nombrar y remover a su personal y, en cuyo caso cuando se estime que ese personal no es necesario para las funciones administrativas, será desafectado”, culminó Ferrari.