Lo resolvió el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, tras la condena por encubrimiento de abuso sexual. El exintendente tendrá la posibilidad de apelar.
A un año de que el exintendente de Caucete y abogado Julián Gil fuera condenado por encubrimiento agravado por el delito precedente en dos casos de abuso sexual, el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados se expidió al respecto de su matrícula.
El Tribunal, integrado por Carla Nale (presidenta); Elena Quiroga (vicepresidenta); Olga Díaz (secretaria general); Federico Molinero (1° vocal); y María Daniela Martínez (2° vocal), resolvió el jueves pasado sancionar al exintendente, que tras dejar su cargo en el palacio Municipal ejerció la abogacía.
Finalmente, el organismo resolvió excluir de la matrícula de abogado a Julián Gil, inhabilitación que le prohíbe ejercer la abogacía de por vida, según informaron fuentes calificadas a sanjuan8.com.
La resolución está respaldada por la Ley provincial 127 A, del ejercicio de la abogacía. En las causales de sanción detalla la condena judicial cuando, de las circunstancias del caso, se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales; o condena que comporte la inhabilitación profesional (art. 77, 1). Sumado a esto, entre las sanciones disciplinarias, se destaca la exclusión de la matrícula, aplicada a la condena judicial firme cuando, de las circunstancias del caso, se desprendiera que el hecho afecta el decoro y ética profesionales (art. 79, 4, B).
A partir de la resolución de la sanción disciplinaria, Gil tendrá la posibilidad de apelar en dos instancias, una administrativa y otra judicial. La primera instancia, es en el Directorio del Foro de Abogados, y tiene un plazo de 10 días para presentar la apelación, periodo que corre desde la notificación efectuada el viernes pasado. En el caso de que el Directorio confirme la sentencia, se abre una segunda instancia de apelación donde el exintendente podrá apelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo, cuya decisión dejará firma la sentencia.
Es importante destacar que la sanción no será efectiva hasta que quede firme en la última instancia. Mientras tanto, Gil podrá seguir ejerciendo la profesión.
El exjefe comunal de Caucete fue detenido el 21 de agosto de 2024, mientras se encontraba en los pasillos del Palacio de Tribunales, lo que provocó revuelo en plena hora pico y con una persona de alto perfil.
La causa tuvo origen en una grabación de un celular, en el marco de una reunión en la que Gil habría intentado sobornar a la madre de una víctima de abuso sexual. El exintendente era el abogado del acusado del mencionado abuso y para tratar de convencer a la mujer, es que habría traído un ejemplo concreto a la conversación. En la grabación, según informaron las fuentes, se lo escucha al abogado hablar del caso Rodríguez, en el que cuenta que a la mujer que lo había denunciado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas a su defendido, había dado marcha atrás. Esto motivado en que le firmó unos pagarés, que él mismo los llevó al penal donde estaba detenido Rodríguez, y que los hizo firmar. Una vez que la mujer se retractó de la denuncia en CAVIG, que el acusado fue sobreseído y que salió en libertad, es que el abogado le habría ejecutado los pagaré.
En el marco de la investigación, la víctima declaró (en calidad de testigo) que el abogado la había citado en su estudio jurídico y que le dijo que debía cambiar la declaración, además de especificarle cómo hacerlo para no perjudicar a Rodríguez. A cambio, le ofrecía dinero, según la declaración. Una vez, llegó a entregarle $6.000. La mujer contó que estaba con muchas necesidades económicas debido a que quien la ayudaba en la casa con los gastos era Rodríguez y al no estar él tenía muchas necesidades. Comentó que Gil le habría dado un papel con toda la indicación de lo que debía declarar, donde explicaría que lo denunció por bronca, ya que Rodríguez tenía una nueva pareja y que había inventado los hechos. La mujer se manifestó arrepentida y dijo que mintió por extrema necesidad y aún más dañada por ser víctima de una violación por parte de su pareja.
El 23 de agosto de 2024, en juicio abreviado acordado por los fiscales Francisco Micheltorena y Francisco Nicolía y el defensor Mario Morán, la jueza Verónica Chicón lo condenó a un año de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado.
