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Femicidio de Gemma: en Diputados pidieron adherir a la Ley Nacional de Víctimas

Fernanda Paredes remarcó que la víctima ya había denunciado a su agresor y solicitó el tratamiento preferencial de un proyecto para abordar de forma integral los derechos y garantías de los damnificados por delitos.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados de San Juan, la diputada provincial Fernanda Paredes levantó la voz tras el conmocionante femicidio de Gemma Álvarez para cuestionar el accionar del sistema y reclamar cambios profundos en la protección a las víctimas, recordando que la mujer ya había realizado denuncias previas contra su agresor.

En ese marco, la legisladora presentó una moción de preferencia para el tratamiento del Proyecto N° 275, el cual propone que la provincia adquiera y se adhiera formalmente a la Ley Nacional N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. La iniciativa pasó al ámbito de dos comisiones para su evaluación y debate.

Abordaje integral y Observatorio de Víctimas

Paredes subrayó la urgencia de cambiar el enfoque judicial y estatal: "Prevé un abordaje integral; no solo importa el imputado, sino la víctima y su familia", manifestó. Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Observatorio de Víctimas, diseñado no solo para llevar estadísticas, sino para identificar las fallas estructurales y consolidar una política pública efectiva en torno al acompañamiento de las personas afectadas.

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"Llamemos a los sectores que participan para evitar los números que tenemos. Hace días tuvimos un femicidio que, según la autopsia, recibió 31 puñaladas. Detrás de eso había un proyecto de vida y la obligación de criar a una hija de 11 años. ¿Por qué no sentarnos a pensar cómo mejoramos este sistema? Hay mil herramientas y la ley nacional brinda precisión sobre derechos y garantías", enfatizó la diputada.

Con el compromiso asumido por la Cámara para discutir la adhesión en comisiones, se busca convocar a diversos actores sociales y judiciales para revisar los mecanismos de prevención y evitar que sigan ocurriendo fallos en el sistema de protección a las víctimas de violencia.