Un acuerdo antes del peritaje informático
Tras la formalización de la causa realizada hace un mes y medio, las partes avanzaron en las negociaciones antes de concretar la apertura y pericia completa de los celulares y computadoras incautados.
El coordinador de la UFI Delitos Informáticos, Pablo Martín, confirmó que el imputado reconoció el delito y aceptó la calificación de distribución: "No se trató de la producción del contenido, sino de poner a circular a través de la plataforma un video ya existente. Al subirlo, el sistema lo reportó de inmediato".
Debido a que el acusado no registraba antecedentes penales en su planilla prontuarial, la legislación contempla la posibilidad de la condicionalidad de la pena, fijando la condena en tres años de prisión en suspenso.
Tratamiento obligatorio para el control de impulsos
A pesar de que el condenado mantendrá la libertad, la Justicia le impuso estrictas reglas de conducta para conservar el beneficio y evitar ir al Penal. Entre ellas, se fijó la obligación de someterse a un tratamiento psicológico especializado a través de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
Respecto a esta pauta, el fiscal Martín explicó que responde a protocolos internacionales para este tipo de cibercrímenes. "Se busca que el condenado pueda realizar un abordaje enfocado en el control de impulsos y el respeto a la ley penal. La intención es brindarle una asistencia que evite la reincidencia en el entorno digital", señaló.
En caso de incumplir con el tratamiento psicológico o cometer un nuevo delito, la condicionalidad será revocada y el joven deberá cumplir los tres años de condena de manera efectiva.
