Hace 10 meses, el interventor de la Obra Social Provincia (OSP), Miguel Grecco, denunció ante la UFI Delitos Especiales presuntas irregularidades en diversas prestaciones a afiliados por parte de la empresa Garder. Finalmente, este jueves se formalizó la investigación penal preparatoria contra tres autoridades de la compañía, como presuntos responsables de las irregularidades.
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El fiscal Francisco Pizarro expuso en la audiencia los cinco hechos que pudieron recabar hasta el momento y que están relacionados con la prestación de módulos de alimentación enteral, para aquellos afiliados que reciben alimentación por sonda.
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La evidencia recabada por los investigadores expuso que la empresa le habría facturado a la OSP por prestaciones que no dio o que lo hizo de manera irregular, por ejemplo, a personas que no se alimentaron nunca por esa vía, que utilizaron menores cantidades o que ya habían fallecido. Se trata de una suma millonaria que la empresa habría cobrado casi en su totalidad.
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Según la exposición del fiscal Pizarro, “las prescripciones de alimentación enteral fueron formuladas por Eduardo Adrián Guzmán Guzmán (director médico), quien requería de las autorizaciones de las prácticas por ante la OSP y luego refrendaba las evoluciones clínico nutricional de los pacientes. En tanto que la participación de Marilina Elisa y María Florencia De La Fuente (madre e hija, respectivamente), también es fundamental en la presunta comisión de los hechos ya que son socias, directoras, representantes, administradoras y responsables de la sociedad por acciones simplificadas de Garder ID S.A.S.”
En este contexto, Eduardo Adrián Guzmán; Marilina Elisa De La Fuente y María Florencia De La Fuente, fueron imputados por estafa en perjuicio de la administración pública.
El plazo de la investigación penal preparatoria es de 1 año y, si bien permanecen en libertad los imputados, deberán cumplir medidas coercitivas como someterse al proceso penal y no obstaculizarlo, además presentarse una vez al mes en la Comisaría Jurisdiccional.
Este delito está contemplado en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal, que dice: “Sufrirá prisión de 2 a 6 años el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.
Además de estos cinco hechos que acreditó la Fiscalía, no descartan que pudieran surgir otros hechos y o participaciones de otras personas que permitan ampliar el objeto de la investigación.