Debate por la edad de imputabilidad suma apoyos y rechazos en San Juan
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la agenda. En San Juan, jueces y dirigentes políticos expresaron posiciones encontradas, entre quienes apoyan la reforma y quienes advierten riesgos sociales y legales.
La discusión sobre la posible baja de la edad de imputabilidad volvió a tomar fuerza en el país y también generó repercusiones en San Juan, donde jueces, legisladores y referentes políticos expresaron posturas contrapuestas sobre una reforma que divide opiniones.
En ese contexto, la jueza penal juvenil María Julia Camus manifestó una visión crítica respecto de reducir la edad de imputabilidad y sostuvo que la seguridad no puede basarse únicamente en el endurecimiento de las penas. Reconoció que existen delitos cometidos por adolescentes, pero remarcó que la respuesta estatal debe ser más amplia. “La seguridad es una política basada en la prevención”, señaló, al mencionar la necesidad de mayor presencia policial, acceso a la educación y espacios de contención y actividades creativas para los jóvenes.
Camus consideró que bajar la edad penal, por sí sola, no garantiza un cambio en las conductas delictivas. “Subir la imputabilidad entre los 13 y los 16 años no va a modificar necesariamente la conducta de los adolescentes”, afirmó, y planteó la necesidad de un enfoque integral que aborde las causas sociales del delito juvenil.
La magistrada también diferenció entre reformar el régimen penal juvenil y reducir la edad de imputabilidad. En ese sentido, sostuvo que la normativa vigente es una ley heredada de la dictadura y señaló que “no responde a los paradigmas internacionales actuales”, ya que concebía al niño como objeto de protección y no como sujeto de derechos.
Al referirse a los delitos cometidos por menores, citó estimaciones de UNICEF, que indican que solo el 2% de los jóvenes entra en conflicto con la ley. Si bien reconoció la existencia de hechos graves, señaló que se trata de casos excepcionales y no representativos del total de delitos.
Desde una postura contraria, sectores políticos alineados con el oficialismo nacional impulsan la baja de la imputabilidad como parte de una reforma más amplia. A partir de enero de 2026, el Gobierno nacional incorporó el proyecto de Ley Penal Juvenil a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de reemplazar el actual régimen que fija la edad en 16 años.
image
En San Juan, el debate refleja esa tensión. La diputada Nancy Picón se mostró a favor de la reforma, aunque aclaró que la problemática de los menores no debe abordarse solo desde el castigo. Planteó la necesidad de considerar la situación de niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad y remarcó que aún se espera una definición clara del Ejecutivo nacional.
En la vereda opuesta, el diputado Cristian Andino rechazó la baja de la edad de imputabilidad y sostuvo que una modificación legislativa no resolverá el problema de fondo. Advirtió sobre la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad y recordó los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El bloque de La Libertad Avanza en San Juan expresó un respaldo pleno al proyecto. El referente provincial José Peluc defendió la iniciativa bajo el principio de que “delitos de adultos deben tener penal de adultos”, mientras que Abel Chiconi cuestionó el régimen actual al considerar que genera impunidad y planteó una dicotomía entre respaldar a las víctimas o sostener un sistema permisivo.
image
También desde el oficialismo provincial, legisladores vinculados a Producción y Trabajo acompañaron la reforma. Carlos Jaime coincidió en que la ley vigente está obsoleta y señaló que no protege adecuadamente a los menores, muchos de los cuales atraviesan situaciones de violencia y consumo problemático.
En contraste, el diputado Jorge “Coqui” Chica advirtió que bajar la edad de imputabilidad sin fortalecer los dispositivos de contención y prevención es una respuesta insuficiente. Cuestionó además los recortes en programas sociales y alertó sobre el riesgo de avanzar con una reforma sin respaldo presupuestario.
A nivel internacional, organismos como UNICEF y el Observatorio de Derechos Humanos expresaron reparos sobre la iniciativa, al advertir posibles retrocesos en materia de derechos y eventuales incumplimientos de estándares internacionales de protección de la infancia.
El debate continúa abierto y expone dos miradas enfrentadas: quienes consideran necesaria la baja de la imputabilidad para dar respuesta penal a delitos graves, y quienes sostienen que la seguridad debe construirse desde la prevención, la educación y la inclusión social, más que desde el castigo.
