Con el veto firme, la administración municipal deberá ejecutar este año el Presupuesto 2025, una decisión que redefine el escenario institucional y marca un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo local.
Los argumentos del Ejecutivo
Al momento de comunicar la decisión, la intendenta Daniela Rodríguez explicó que el veto respondió a una defensa del orden institucional y de las competencias que fija la Carta Orgánica Municipal. Sostuvo que el Concejo Deliberante tiene facultades de control y autorización en materia presupuestaria, pero no atribuciones para diseñar un nuevo presupuesto ni redefinir prioridades de gasto.
Desde el Ejecutivo se cuestionó especialmente el impacto de las modificaciones introducidas por el Concejo, que —según se advirtió— incrementaban de manera significativa los recursos destinados al propio cuerpo legislativo, llevándolos a un nivel considerado desproporcionado para su funcionamiento. En términos absolutos, esa reasignación implicaba alrededor de $4.000 millones, lo que representaba más del 11% del presupuesto municipal.
Rodríguez también planteó que esos cambios obligaban a recortar partidas de áreas operativas del municipio, con efectos directos sobre servicios esenciales, políticas sociales y el pago de salarios. Además, cuestionó la creación de cargos y estructuras administrativas dentro del Concejo, al considerar que configuraban un esquema paralelo sin sustento legal.
Otro de los puntos señalados fue la modificación de las remuneraciones, incluida la de la propia intendenta, un aspecto que —según explicó— impactaba de manera directa en los haberes de los concejales y profundizaba el desequilibrio institucional.
La definición en el Concejo
El intento de insistencia quedó sellado cuando se confirmó que Luciano Cano mantendría su abstención. Con esa postura, los ediles que impulsaban la ratificación del presupuesto modificado no lograron alcanzar los siete votos necesarios para revertir el veto.
La discusión ya no giraba en torno a la validez formal del veto, sino sobre la posibilidad de que el Concejo reuniera la mayoría calificada exigida por el reglamento. Esa instancia finalmente no prosperó, y el resultado dejó expuestas tensiones políticas internas dentro del escenario local.
Un conflicto que marca el año
El trasfondo del conflicto se remonta a la sesión de diciembre, cuando el Concejo Deliberante aprobó una reformulación del Presupuesto 2026 que alteró de manera significativa la estructura general del gasto municipal. Desde el Ejecutivo, se sostuvo que esas modificaciones excedieron las atribuciones legislativas y afectaron la gobernabilidad.
Con la caída del proyecto de insistencia, el capítulo institucional quedó cerrado en términos formales. Sin embargo, el episodio dejó al descubierto un escenario político complejo que seguirá influyendo en la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo de Chimbas a lo largo del año.
