Además, el ministro indicó que también descubrieron quién filmó el video, aunque no pudieron saber la identidad de los presos que aparecen en las imágenes tomadas a mediados de 2010. Este punto fue centro de las críticas de la oposición y de los organismos de Derechos Humanos ya que explicaron que la seguridad de las víctimas corre serio peligro.
"Hemos relevado los informes de controles sanitarios (que se llevan a cabo cada 15 días) y de ahí no trasciende ninguna novedad de dolencias o lesiones similares a las que, según muestra el video, sufrieron los internos. Por el momento, si no sabemos esto no podemos identificarlos", indicó Adaro a diariouno.com.ar.
"Esto es un hecho aberrante, vergonzoso, frustrante, pero no empaña la política de seguridad que ha implementado este gobierno. Este es un personal marginal y estos hechos son totalmente aislados", aseveró el funcionario. Luego el representante del Ejecutivo adelantó que el Gobierno se constituirá como querellante en la causa, lo que haría efectivo este jueves.
El caso saltó a partir de la denuncia del abogado Diego Lavado, quien aportó el video que muestra torturas en San Felipe, complejo penitenciario ubicado detrás de la vieja casa de piedra de Boulogne Sur Mer. En las imágenes se ven 5 ó 6 carceleros golpeando a 2 ó 3 presos.
Algunas voces de la Bicameral
Alejandra Naman, del ARI, reconoció la rápida acción del Ejecutivo en desplazar a los involucrados pero "que evidentemente han fallado ciertos controles".
"La impunidad con la que se veían los penitenciarios demuestra que puede ser una práctica no casual, con alguna asiduidad. Un gobierno que dice defensor de los Derechos Humanos debe hacerse una autocrítica", evaluó la legisladora.
En tanto Luis Petri, diputado de la UCR, dijo que "el gobierno debe llegar hasta las últimas consecuencias" y pidió que el Complejo San Felipe sea intervenido. "El sector debe ser auditado periódicamente, con entrevistas a los reos alojados allí y con el personal penitenciario. Nosotros creemos que se debe investigar administrativamente", opinó.
El ministro Adaro deberá continuar actuando acerca de lo sucedido (conocido a nivel nacional) este jueves a la mañana cuando se reúna con la Comisión de Derechos y Garantías en la Legislatura.
Fabricio Panella - Redacción UNO