De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el marco de un conflictivo proceso de separación y divorcio. Los investigadores sostienen que el acusado habría accedido a información vinculada a una causa judicial previa, entre ella los datos de personas que debían declarar como testigos.
Siempre según la hipótesis fiscal, el hombre compró un chip telefónico prepago que registró a nombre de una tercera persona para dificultar su identificación. Luego habría utilizado esa línea para enviar mensajes intimidatorios a la víctima a través de WhatsApp.
La acusación indica que el 17 de mayo de 2025, cerca de las 23:38, la mujer recibió mensajes con insultos y amenazas de extrema gravedad. Entre otras expresiones, el imputado le habría advertido que atentaría contra su integridad física y que iba a matarla. Posteriormente, también se registraron reiteradas llamadas telefónicas que no fueron respondidas.
La investigación incorporó además elementos que apuntan a posibles intimidaciones hacia uno de los testigos que había participado en una causa anterior. La situación judicial del acusado se ve agravada por antecedentes condenatorios relacionados con la misma mujer.
En agosto de 2025, había sido condenado por amenazas y desobediencia a una orden judicial luego de protagonizar distintos episodios de hostigamiento. Entre ellos, perseguir a la víctima en motocicleta, insultarla y violar una prohibición de acercamiento vigente.
En aquel proceso recibió inicialmente una pena de un año y seis meses de prisión condicional, aunque posteriormente un tribunal de impugnación redujo la condena a un año de prisión condicional tras revisar parte de los hechos atribuidos.
Con la elevación a juicio, la causa ingresará en la etapa de debate oral, donde se analizarán las pruebas reunidas por la Fiscalía y los planteos de la defensa.
En caso de una nueva condena, los representantes del Ministerio Público Fiscal buscarán que la pena se unifique con los antecedentes previos del acusado, una situación que podría derivar en la pérdida del beneficio de la condena condicional y en el cumplimiento efectivo de una pena de prisión.
