El acuerdo está respaldado por garantías reales: en caso de incumplir alguna cuota, los propietarios de la firma ofrecieron un inmueble, un automóvil, una camioneta y una motocicleta. La propuesta aclara, además, que la reparación se circunscribe al ámbito penal y no impide que los damnificados inicien acciones civiles por separado.
Los tres imputados —Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire— quedaron en libertad, pero bajo medidas de coerción: deben comprometerse a someterse al proceso, no salir de la provincia sin autorización judicial, abstenerse de realizar actos que perturben el trámite y presentarse cada 15 días en una comisaría. Una vez acreditado el pago total a los damnificados, se extinguirá la acción penal y los imputados podrán ser sobreseídos.
Para llegar a este resultado, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas llevó adelante un exhaustivo análisis financiero y patrimonial que incluyó el relevamiento de información de múltiples entidades crediticias, la reconstrucción de movimientos bancarios y la trazabilidad de los fondos involucrados. En ese marco, se ejecutaron 12 allanamientos y otras medidas orientadas a identificar y asegurar activos.
El equipo interviniente estuvo conformado por el fiscal subrogante Eduardo Gallastegui, el fiscal de caso Guillermo Heredia y los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores.
