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Ataque a balazos en Sarmiento: condena por armas y lesiones, pero sin cárcel

La Justicia condenó al acusado a dos años y seis meses de prisión condicional. Tras el ataque, el acusado había huído a Mendoza.

La Justicia condenó a Cristian Arabel a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, tras un acuerdo de juicio. El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2025 alrededor de las 13:30, cuando Arabel, junto a un sujeto apodado “Palermo”, interceptó a Juan Alberto Allendes en el departamento Sarmiento. Tras un primer cruce, el imputado habría amenazado a la víctima manifestando que iría a buscar un revólver para vengarse. Minutos después, Allendes fue sorprendido mientras caminaba hacia su domicilio, momento en el cual Arabel le efectuó varios disparos con un arma de fuego.

Los impactos alcanzaron a la víctima en el glúteo izquierdo, la rodilla izquierda y el fémur derecho, provocándole una fractura expuesta y una incapacidad laboral de 45 días. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga en un automóvil, mientras que Allendes debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

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La investigación permitió establecer que Arabel se había trasladado a la provincia de Mendoza, donde finalmente fue localizado en el departamento de Guaymallén. El 13 de enero de 2025 se concretó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos armas de fuego de guerra aptas para el disparo, municiones, cargadores y otros elementos balísticos. Si bien el imputado manifestó que las armas eran de su propiedad y que las poseía para defensa personal, se constató que no contaba con la autorización legal correspondiente, según informes del RENAR.

Arabel fue imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra, en concurso real y en calidad de autor material. Como resultado del juicio abreviado, además de la pena condicional, se le impuso la prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar en un radio de 500 metros por el término de cuatro años, la obligación de iniciar o finalizar sus estudios secundarios en el mismo plazo y el decomiso de las armas de fuego y demás elementos vinculados a los hechos.