El fallo se vincula a un caso de 2021, cuando circularon videos manipulados del entonces precandidato a senador nacional Mario Negri. La Cámara procesó a una imputada por el delito de engañar electores.
En un fallo clave para el escenario político argentino, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que la difusión de videos falsos durante una campaña constituye un delito electoral.
La decisión se conoció a raíz de un caso ocurrido en 2021, cuando circularon videos manipulados que involucraban al entonces diputado y precandidato Mario Negri, falsamente acusado de retener sueldos de empleados para financiar su campaña.
El tribunal confirmó el procesamiento de María Victoria Villaver, imputada por haber participado en la creación y difusión de estos contenidos a través de una página publicitaria de Facebook. Según la investigación, se montaron imágenes reales de Negri en entrevistas junto a una voz distinta para hacerle decir frases que nunca pronunció. La Justicia consideró que esta maniobra buscó engañar a los votantes e influir en su decisión en las PASO de aquel año.
El fallo subraya que prácticas como las denunciadas constituyen fenómenos de violencia electoral que distorsionan el debate público, y que en el contexto digital adquieren mayor repercusión debido a la rápida viralización que permiten las redes sociales. La CNE advirtió que estas acciones atentan contra derechos fundamentales y alteran la libertad de elección de los ciudadanos.
El debate se reactivó tras la reciente circulación de videos generados con inteligencia artificial (IA) de Mauricio Macri y Silvia Lospennato. Horas antes de las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, se viralizaron en redes contenidos donde, supuestamente, ambos dirigentes del PRO anunciaban que retiraban la candidatura de Lospennato para respaldar a un candidato de otro espacio.
La noticia falsa fue desmentida oficialmente y generó una denuncia ante la Justicia, que ordenó retirar las publicaciones.
La manipulación digital de contenido político no solo implica una infracción penal prevista en el Código Electoral, sino que también representa un riesgo concreto para la integridad del proceso democrático. El caso pone de relieve la necesidad de actualizar los marcos legales y fortalecer los mecanismos de control frente a las nuevas tecnologías que facilitan la generación de fake news, especialmente en períodos electorales.
En este contexto, el fallo de la CNE se convierte en una referencia obligatoria para la justicia federal y también para los tribunales electorales provinciales, consolidando una doctrina que busca proteger el derecho de los ciudadanos a votar informados y sin engaños.
