Según cuentan fuentes de la mesa política, el Gobierno habría perdido el respaldo de los 37 senadores necesarios para darle media sanción al proyecto de ley, por lo que la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, decidió llevar adelante un cambio de la estrategia.
"En una reunión del bloque de 44 senadores integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, en la que se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales", informaron los senadores oficialistas a través de un comunicado tras una reunión.
Cerca de Bullrich, confirmaron a A24.com que en la reunión convocada de urgencia esta tarde "también se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley el día de mañana, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio".
“La decisión refleja el compromiso del bloque de los 44 con una dinámica de trabajo basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de iniciativas que otorguen mayor seguridad jurídica, respetando el carácter federal de las decisiones y garantizando un debate legislativo serio y responsable”, agregaron desde el bloque de LLA en el comunicado.
De esa manera, cerca de Bullrich salieron a explicar la decisión de dar marcha atrás con la modificación de la ley de extranjerización de las tierras, que había cosechado un rechazo mayor a la mayoría especial que hasta este mediodía contaba el Gobierno. En ese sentido, en la Casa Rosada aseguraban a A24.com que existía un empate técnico de 35 votos a favor y 35 en contra.
Sin embargo, con el correr de las horas los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Neuquén, Rolando Figueroa, anunciaban en declaraciones públicas y en redes sociales que se bajaban de la iniciativa con la leyenda "Argentina no se vende".
Otros senadores aliados como Flavia Royón, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y varios radicales y del PRO también le reclamaban al oficialismo que diera de baja la sesión.
¿Cómo queda el proyecto que debatirá este jueves el Senado?
Más allá de la eliminación del capítulo III, el proyecto que se debatirá este jueves contiene las siguientes modificaciones:
1-Ley de Manejo del Fuego y Ley de Expropiaciones
El proyecto modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Es uno de los puntos que podría generar mayor discusión ambiental.
Mientras el oficialismo plantea que busca proteger la propiedad privada sin afectar la preservación, sectores ambientalistas cuestionan la eliminación de restricciones incorporadas tras los incendios forestales de los últimos años.
Las modificaciones son:
- Se mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos incendiados, respetando la categoría de conservación asignada antes del incendio.
- También obliga al Estado nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires a fortalecer políticas de prevención, investigación de incendios y restauración ambiental.
- Sin embargo, deroga el artículo 22 de la Ley de Manejo del Fuego, permitiendo el uso de tierras rurales para otros fines inmobiliarios o desarrollos industriales, locales o extranjeros.
2- Ley de Expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados
El capítulo dedicado a la Ley de Expropiaciones concentra buena parte del espíritu del proyecto y modifica varios artículos de la Ley 21.499. Los cambios más importantes son:
- Utilidad pública más restringida
La declaración de utilidad pública deja de ser amplia y pasa a tener una interpretación restrictiva. Además, deberá identificar concretamente el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación es necesaria, adecuada y proporcional.
- Indemnización más favorable al propietario
La compensación deberá calcularse sobre el valor de mercado del inmueble, incluir daños directos y, cuando corresponda, incorporar el lucro cesante debidamente probado. El monto será actualizado por inflación (IPC) e intereses hasta el pago efectivo.
- No habrá expropiación sin pago previo
El Estado no podrá tomar posesión del bien sin haber abonado previamente la indemnización completa.
- Más herramientas para demandar al Estado
El proyecto amplía la figura de la expropiación irregular, permitiendo reclamar cuando el Estado imponga restricciones tan severas sobre un bien que, en los hechos, priven al propietario de usarlo o disponer de él, aun cuando nunca haya existido una expropiación formal.
- Limita las ocupaciones temporarias
Las ocupaciones temporarias solo podrán justificarse por situaciones de necesidad objetiva y urgente, tendrán un plazo máximo de 90 días -prorrogable una sola vez- y siempre deberán ser indemnizadas.
Qué decía el capítulo de venta de tierras a extranjeros
Uno de los cambios más relevantes del proyecto buscaba modificar la ley 26.737 de Tierras Rurales. La iniciativa proponía la eliminación de varias de las restricciones incorporadas en la legislación vigente desde 2011 y les otorgaba mayor margen de decisión a las provincias.
El Gobierno respaldaon la reforma al asegurar que brindaría mayor seguridad jurídica y facilitaría inversiones de capitales extranjeros que colaborarían en el desarrollo económico y productivo del país, como son los sectores mineros, energéticos y de hubs Inteligencia Artificial.
Los críticos advertían que se reducirían controles sobre la extranjerización de la tierra, con los riesgos de que el Estado perdiera el control y soberanía sobre zonas de fronteras clave por sus riquezas en recursos naturales fundamentales como causes de ríos de agua dulce, bosques y riquezas minerales (oro, cobre, litio y tierras raras), fauna y flora autóctonas. Se dejaba la decisión de autorizar la concentración de tierras en manos de empresas extranjeras en manos del presidente y de cada gobernador.
