Existen excepciones limitadas: se puede denegar información por razones de seguridad nacional, secretos industriales o datos personales protegidos.
El 1° de septiembre de 2024, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la ley mediante el Decreto 780/2024 e introdujo una nueva definición de “información pública” que excluye datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido”.
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Desde la implementación de la ley, en septiembre de 2017, y hasta el mes de abril de 2025, se realizaron en total 52.833 pedidos de acceso a la información pública.
El gobierno de Macri recibió 9.169 pedidos, a un promedio de 327,4 por mes. Cabe aclarar que como la ley entró en vigor a mitad de su gestión, el período considerado es de poco más de 2 años
En el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) se contabilizaron 31.156 pedidos, un promedio mensual que duplicó al de la gestión anterior (650 por mes).
Desde que Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 y hasta abril de 2025, se realizaron 12.508 pedidos de acceso: 781 por mes, el promedio más alto desde que se implementó la norma.
El gobierno de Milei, el que más pedidos incumplió
Del total de expedientes cuyos plazos finalizaron (unos 11.866, dado que aún hay 642 dentro del período legal de respuesta), el 7,7% (917) se encuentran vencidos y el 92,3% (10.949) sí recibió respuesta.
En comparación, la menor tasa de incumplimiento ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, con el 2,4%: tuvo 220 expedientes vencidos y 8.949 respondidos.
En el gobierno de Fernández, por su parte, el incumplimiento fue del 3,1%: contestó en tiempo y forma 30.178 expedientes y no respondió 978 pedidos.
¿Quiénes piden acceso?
Si se tiene en cuenta el tipo de solicitantes, las personas particulares (es decir, que no declaran pertenecer a ninguna organización, medio de comunicación o institución educativa) son las que más pedidos realizaron desde la implementación de la ley: en total 13.167.
Le siguieron la academia, con 4.615 solicitudes, los medios de comunicación, con 3.423 y personal del sector público, con 3.146. Finalmente, las organizaciones no gubernamentales (ONG) realizaron 2.331 pedidos.
Esta diversidad de solicitantes subraya el principio fundamental de la ley: que toda persona, ya sea humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública sin necesidad de justificar su pedido o demostrar un interés particular.
