Eduardo Belliboni fue procesado por administración fraudulenta de fondos destinados al Plan Potencia Trabajo. Este tipo de delito prevé una pena de entre 2 y 6 años de cárcel.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado este lunes por el juez federal, Sebastián Casanello, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El dirigente está acusado de desviar fondos recibidos del Plan Potenciar Trabajo. En ese sentido, el juez remarcó que hay pruebas suficientes como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma.
Casanello no sólo atribuyó responsabilidad penal a Belliboni, sino que también acusó a los piqueteros Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el mismo grado de responsabilidad, sumando las amenazas coactivas, se procesó a María Isolda Dotti y Gianna Puppo.
La causa tiene también a quienes el juez encontró responsables del delito amenazas en carácter de autoras: Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. La lista de procesados se completa con: Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. Son todos integrantes de organizaciones sociales.
En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Los convenios -celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social- estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.
Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios “de forma infiel”.
La investigación también se centra en el rol de los funcionarios, incluyendo a Emilio Pérsico, quien durante el gobierno anterior estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Se busca determinar si hubo complicidad o negligencia en la gestión de los fondos.
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas, algunas acusadas de defraudación y otras de “amenazas coactivas”. La justicia busca esclarecer la trama de corrupción y determinar las responsabilidades individuales.
"El gobierno anterior nos había dejado una situación muy díficil, con crisis de endeudamiento y productiva", declaró Pérsico a Radio La Red.
El procesamiento de Belliboni es un golpe significativo para el Polo Obrero, que ha sido objeto de críticas por su gestión de fondos públicos.
