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La Justicia argentina pidió a EE.UU. la extradición de Maduro

El juez federal Sebastián Ramos libró un exhorto internacional hacia Washington. La medida surge tras informes sobre el posible traslado del mandatario venezolano a suelo estadounidense tras una detención.

La Justicia argentina dio este miércoles un paso trascendental y de alto impacto geopolítico en la causa que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal de extradición del dictador Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de traerlo a la Argentina para que rinda cuentas en declaración indagatoria.

La resolución, fechada hoy 4 de febrero de 2026, activa los mecanismos de cooperación internacional más urgentes, basándose en la premisa judicial de que el líder chavista “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”. Ante este escenario, los tribunales de Comodoro Py buscan asegurar que el dictador sea juzgado bajo el principio de jurisdicción universal que rige en nuestro país.

En su escrito, el magistrado ordenó librar un “exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”. La solicitud legal se ampara en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y los Estados Unidos el 10 de junio de 1997, una herramienta bilateral clave para este tipo de procesos.

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El objetivo central de la medida es someter a Maduro a proceso penal en la Argentina y cumplir con el llamado a declaración indagatoria. Este acto procesal, indispensable para avanzar hacia un eventual procesamiento, había sido ordenado originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y ratificado recientemente, el pasado 15 de enero de 2026

Para acelerar el trámite y evitar dilaciones burocráticas, el juez Ramos encomendó la “urgente traducción” del exhorto y de toda la documentación anexa a la traductora pública actuante en el expediente. Además, dispuso que el pedido se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el órgano encargado de gestionar la diplomacia judicial.