Un sector del oficialismo asegura que el caso ya comenzó a monitorearlo la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que lidera Ariel Waissbein y trabaja en coordinación con todas las áreas de seguridad informática de la administración pública. La hipótesis oficial es que se trató de datos administrativos que “no comprometerían las capacidades operativas de la Fuerza”.
Las autoridades del Ejército solicitaron además la intervención de la Justicia para que se sume al proceso de investigación y aseguran que es muy probable que amplíen la presentación de la denuncia con nueva documentación. La fuerza emitió un comunicado oficial en el que manifestó que “se recibieron una serie de alertas sobre un incidente de Seguridad de la Información, el cual se encuentra en etapa de investigación sobre su veracidad y atribución”.
El Ejecutivo apunta a que las Fuerzas Armadas tengan un rol central en el monitoreo de seguridad dentro del territorio interno. Es por eso que los habilitó a combatir enemigos externos no estatales -como organizaciones terroristas- en la Argentina a través del decreto 1112/24. Prepara también una nueva Ley de Seguridad Nacional para darles mayores atribuciones, como derribar aviones que violen el espacio aéreo.
El Ejecutivo autorizó a los militares a realizar mayores chequeos de seguridad en las fronteras -como detenciones temporales a civiles- mediante el decreto 1112/2024. En Nación ponen la mira además sobre las tensiones en Bolivia por la falta de dólares y creen que puede haber una nueva ola migratoria, que buscarán contener con las nuevas restricciones al acceso a la residencia y con los cambios en el proceso de deportación.
El Gobierno asegura que busca comprar nuevo equipamiento tecnológico para la central de Inteligencia y mantiene la postura de que busca reforzar los controles informáticos junto con los ingresos al territorio argentino. Están en contacto con los servicios de los Estados Unidos (CIA) e Israel (Mossad) para negociar las nuevas adquisiciones.
