Los movimientos sociales asociados al oficialismo y aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron que preparan un “plan de lucha” y se movilizaban esta mañana desde Plaza Alsina hacia el Puente Pueyrredón para realizar una asamblea y definir eventuales medidas de fuerza. Se trata de la primera protesta relevante durante la gestión de Alberto Fernández de estos grupos piqueteros afines al Gobierno.
El descontento de los movimientos sociales obedece a la decisión del Gobierno de dar de baja en lo inmediato un número todavía indefinido de planes sociales por presuntas irregularidades detectadas por la AFIP. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quiere que las incompatibilidades encontradas por una auditoría del organismo recaudador ya impacten en el pago del Potenciar Trabajo que se gira el próximo lunes 5 de diciembre. Es decir, busca que se actualice el padrón y se den de baja los casos irregulares en lo inmediato.
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Los movimientos sociales alegan que detrás de ese ordenamiento está la voluntad de hacer un “ajuste” y aseguran que el Gobierno busca “cargar contra los últimos de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces”.
Dentro de la UTEP gravitan el Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MTE de Juan Grabois. Entre esos grupos hay referentes más combativos y otros más dialoguista. Incluso hay cuadros que son funcionarios del Gobierno nacional, como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.
Gildo Onorato, del Evita, dijo en las últimas horas a LA NACION: “Esta en riesgo la paz social. Si nos fuerzan a elegir, entre el Gobierno y los compañeros vamos a elegir a las compañeros”. Una fuente de la UTEP advirtió: “No se pueden dar de baja planes de forma intempestiva de manera desleal. Para recortar están poniendo la lupa sobre el sector más desprotegido”.
Según pudo saber este medio, el miércoles por la noche, para efectuar la suspensión de Potenciar Trabajo, Tolosa Paz le ordenó a Pérsico -secretario de Economía Popular de su ministerio- que hiciera un cruce de información con el informe de AFIP para detectar y dar de baja a: titulares que posean un vehículo con una antigüedad menor a 10 años; titulares que percibieron ingresos superiores a dos salarios mínimos en promedio en los últimos seis meses; titulares que hayan hecho gastos con tarjeta de crédito por un monto superior a dos salarios mínimos, casos de beneficiarios que están en la categoría B del monotributo o superior y titulares que hayan accedido al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas.
Los grupos piqueteros están convencidos de que la filtración de la auditoría de la AFIP y su judicialización fue fuego amigo para estigmatizarlos. Pero hay otros temas que irritan a la UTEP, donde gravita el Movimiento Evita y también Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MTE de Juan Grabois. Por un lado, creen que el Gobierno buscará desenganchar a los planes Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Actualmente, el salario social -que se abona a los beneficiarios de los planes sociales- representa el 50% del SMVM y se actualiza junto con este indicador desde hace cinco años. Por el otro, advierten que “no está claro si se va a pagar el aguinaldo de fin de año” para los beneficiarios de los planes, como se hizo siempre en diciembre.
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