Qué propone el proyecto de divorcio administrativo del Gobierno
El proyecto de ley presentado desde el Poder Ejecutivo plantea que los divorcios judiciales "demandan tiempo y dinero".
"Un divorcio por vía judicial conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese periodo de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad", señala el texto.
Y agrega que "los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial. Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes".
Asimismo, el proyecto pretende otorgar "mayor libertad" a las partes para decidir los "cambios en su vida".
Cómo funcionaría el divorcio en sede administrativa que propone el proyecto
El proyecto que se impulsa pretende cubrir lo que considera que es "un faltante", el divorcio en sede administrativa que permite a los cónyuges terminar su vinculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil.
En ese sentido, el texto presentado por el Ejecutivo ante el Congreso señala que "varios países" tienen un sistema de divorcio administrativo o uno de divorcio notarial, como Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón.
"Este sistema permite que personas unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vinculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica y, a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad", marca el documento.