El funcionario explicitó que la medida alcanzará a personas jurídicas pero no a personas humandas. “Estamos extendiendo esas posibilidad a todas las empresas”, dijo, y anunció que ocurrirán “dentro de un marco de medidas macroprudenciales”. Caputo encabezó el anuncio junto con el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.
El ministro adelantó que el Banco Central brindará detalles de la medida esta tarde pero dijo sobre algunas de las condiciones: “Solamente van a poder prestar los bancos hasta una 15% de sus depósitos en dólares, también habrá exigencia de capitales mínimos y de límites a la exposición crediticia”.
Caputo señaló que los préstamos en dólares que tomen las empresas deberán ser cambiados a pesos: “Se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el mercado único y libre de cambios. Si una empresa toma un crédito en dólares tiene que liquidarlos: tiene que convertirlos en pesos”, abundó.
Para los plazos y tasas, el ministro dijo que “los dictará el mercado” y que serán “los mismos que se aplican en cualquier préstamo”.
Anticipó que los cálculos del Gobierno es que haya entre 6 y 10 mil millones de dólares extra en el mercado. “Creemos que es una medida que será excelentemente bien recibida por todas las industrias y por el sistema financiero, que generará un mayor crédito y baja de tasas, y que va ayudar a reactivar la economía”, planteó. Y aseguró: “Lo hacemos de manera prudencial para no generar ningún problema en la economía”.
Los antecedentes de la medida
Caputo aseguró que el DNU permitirá sortear una de las limitaciones que el Gobierno tenía para ampliar el universo de quienes pueden tomar crédito en dólares tiene su origen en la crisis de 2001. El artículo 23 del DNU 905/2002, luego sustituido por la Ley 26.546, establece que los depósitos bancarios en moneda extranjera deben destinarse a financiar a prestatarios con ingresos habituales en dólares, provenientes de forma directa o indirecta de operaciones de comercio exterior o actividades vinculadas.
La norma buscó evitar que se repitiera el descalce de monedas que quedó expuesto durante la crisis, cuando empresas y particulares con ingresos en pesos habían quedado endeudados en dólares. El Banco Central caracterizó después esa restricción como una herramienta macroprudencial destinada a reducir el riesgo de que una devaluación afecte la capacidad de pago de los deudores y termine trasladándose al sistema bancario.
Desde comienzos de este año, el Gobierno viene flexibilizando ese esquema por distintas vías, sin modificar la norma de fondo. En enero, el BCRA habilitó a los bancos a prestar en moneda extranjera a clientes que no generan ingresos en divisas, siempre que el fondeo provenga de Obligaciones Negociables o de líneas de financiamiento del exterior, sin tocar el uso de los depósitos en dólares de los ahorristas para ese tipo de préstamos. En junio se dio un paso adicional: el Banco Central autorizó a las entidades a prestar dólares de los ahorristas a empresas que presenten garantías de exportadores. Ese mismo mes, la Secretaría de Industria y Comercio permitió que las Sociedades de Garantía Recíproca avalen operaciones en dólares de pymes sin ingresos en moneda extranjera, con un límite de hasta el 50% del Fondo de Riesgo Disponible y con la obligación de mantener inversiones en divisas que respalden esas garantías.
En febrero, la administración había avanzado con una propuesta más amplia, que incluía créditos hipotecarios, prendarios y personales en dólares para personas con ingresos en pesos. Esa iniciativa quedó en pausa por objeciones internas vinculadas al riesgo cambiario, a la capacidad de respuesta del sistema financiero y a una eventual suba de la mora. En las últimas semanas el debate volvió a tomar impulso dentro del equipo económico y del Banco Central, en momentos en que el sistema financiero mantiene una porción significativa de sus depósitos en dólares sin canalizar hacia préstamos, con estimaciones que ubican esa capacidad prestable ociosa cerca de los US$7000 millones.