La jueza en lo comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra de Correo Argentino S.A.. El fallo dispuso la inhibición general de la compañía y el embargo de todas sus cuentas, y que la firma, “sus apoderados y terceros” entreguen o pongan a disposición del síndico de la compañía “la totalidad de los bienes de la deudora”. Además, se le prohibió la salida del país a los directivos de la empresa. La causa lleva casi 20 años de tramitación. La decisión va en sintonía con el pedido del procurador del Tesoro Carlos Zannini. “Concluyo la cuestión de la única forma legal posible, sin ningún margen de duda”, dijo la jueza.
Esta tarde, los abogados de la familia Macri preparaban la apelación ante la Cámara en lo Comercial para intentar revocar la decisión de primera instancia. Ayer el ex presidente Mauricio Macri había hecho publica una carta sobre la causa Correo Argentino, defendiendo su estrategia, y había dicho: “El Gobierno busca venganza y tiene como objetivo a mis hijos”.
El Correo esperaba la definición del proceso de cramdown, el último intento de salvataje donde es clave la palabra de los acreedores. Muchos acreedores privados habían aceptado la oferta de la empresa, pero el Estado había pedido la quiebra.
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“No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”, dijo la jueza. Y añadió: “No encuentro configurados los elementos constitutivos del abuso en el ejercicio del derecho que asiste al acreedor Estado Nacional” ni un “abuso del derecho”, afirmó.
El fallo también reseñó: “Es de suma relevancia hacer notar que el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses”. Pero cuestionó la tasa que aplicó para hacer esa oferta. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003″, dijo la jueza.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa.
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