Las autoridades se expresaron duramente: “Nos preocupa que por dichos mediáticos del Juez que interviene en la causa, Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción; se intente minimizar este hecho aduciendo la condición de adicto del joven. Entendemos que el hecho de no haber prestado asistencia médica y haber abandonado a su suerte, bajo algún tipo de sustancia al joven, constituye un hecho de profunda gravedad de quienes debieron garantizar su seguridad. La discriminación a los jóvenes pobres adictos por parte de integrantes del Estado Nacional o Provincial además de constituir un hecho discriminatorio, es también violencia institucional”, expresó.Asimismo, destacó que, en su entender, “la muerte de un detenido en un establecimiento carcelario constituye un hecho de extrema gravedad. La administración de justicia al privar de libertad a una persona asume una posición de garante respecto de su vida, salud e integridad física. Por ello en caso de fallecimiento de un detenido por cualquier causa, se plantea la posibilidad que en dicho suceso se haya producido una vulneración de derechos humanos”.
