En el mismo mensaje, Milei estableció un plazo de dos semanas para Londres: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”. Luego, cerró: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras. VLLC!!!”.
El objetivo del Gobierno es impedir la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion y evitar nuevas medidas que puedan profundizar la controversia, especialmente el otorgamiento de permisos sobre recursos de la plataforma continental argentina.
En ese marco, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Si Londres no cumple con el requerimiento, el Ejecutivo anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos argentinos sobre la plataforma continental.
Para fundamentar su posición, el Gobierno citó las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llamó a resolverla mediante negociaciones. La segunda instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el proceso.
En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que la explotación unilateral de los recursos es contraria al derecho internacional y genera un perjuicio “irreversible e irreparable” para los derechos de soberanía argentinos.
El comunicado también manifestó un “rechazo categórico” a la respuesta británica al discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Casa Rosada cuestionó la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum de 2013, al considerar que no modifican la controversia reconocida por la ONU.
Además, el Gobierno informó que detectó operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina. Por ese motivo, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
