El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluye eliminar las PASO, cambiar el financiamiento político y unificar el calendario de votaciones.
El Gobierno nacional terminó de definir esta semana los detalles del nuevo proyecto de reforma política y electoral, una iniciativa que promete abrir un debate profundo en el Congreso y que apunta a modificar reglas centrales del sistema vigente.
El eje más sensible del proyecto es la eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que desde hace más de una década ordenan la competencia interna de los partidos. En el Ejecutivo sostienen que representan un gasto innecesario para el Estado, aunque reconocen que no hay certezas sobre si cuentan con los votos suficientes para avanzar en su eliminación definitiva.
En ese escenario, empieza a tomar fuerza una alternativa intermedia: suspenderlas. Sin embargo, tampoco aparece como una salida sencilla, ya que varios sectores políticos dependen de ese mecanismo para resolver sus candidaturas.
El argumento oficial gira en torno al costo fiscal. Según estimaciones que manejan en el propio Gobierno, cada proceso de PASO implica un gasto millonario que, consideran, no debería destinarse a resolver disputas partidarias.
Pero la reforma no se limita a ese punto. Otro cambio de peso es la intención de avanzar hacia un esquema de financiamiento exclusivamente privado para los partidos políticos, eliminando los aportes estatales. La idea, explican, es trasladar el sostenimiento de la actividad política a los propios espacios, en línea con modelos como el de Estados Unidos.
A la vez, el proyecto contempla ajustes en la Boleta Única de Papel y busca ordenar el calendario electoral para 2027, con el objetivo de evitar el desdoblamiento de elecciones en las provincias, una práctica que en los últimos años fragmentó el cronograma electoral.
Puertas adentro, en el oficialismo reconocen que el camino legislativo será extenso y sin definiciones rápidas. La iniciativa ingresaría al Congreso en los próximos días, pero su tratamiento podría demorarse varios meses, en medio de negociaciones que anticipan un escenario abierto y sin resultados garantizados.
