La tensión en Bolivia escaló durante las últimas semanas. Desde mayo, distintos sectores sindicales, campesinos, transportistas y organizaciones sociales mantienen protestas y cortes en rutas estratégicas en reclamo por el deterioro económico, la inflación, la falta de combustible y el desabastecimiento que afecta principalmente a La Paz y El Alto.
Con el correr de los días, las demandas económicas se transformaron también en cuestionamientos políticos directos contra el presidente.
El gobierno de Paz sostiene que parte de las movilizaciones están impulsadas por sectores vinculados al expresidente Evo Morales, aunque dentro del escenario político boliviano también crece la lectura de que el conflicto excede cualquier liderazgo individual y refleja un fuerte desgaste de legitimidad.
Mientras tanto, la vida cotidiana en varias ciudades quedó alterada por completo. Las largas filas para conseguir combustible se volvieron una postal repetida, el transporte público redujo su funcionamiento y muchas escuelas debieron pasar nuevamente a la virtualidad ante las dificultades de circulación.
En ese contexto, el oficialismo defendió la derogación de la ley argumentando que el Estado necesita recuperar capacidad de reacción frente a una situación que considera límite. Desde sectores cercanos al presidente remarcan que el país atraviesa una crisis de orden público y que el Gobierno no puede mostrarse pasivo ante hechos de violencia, bloqueos y ataques a fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la medida también despertó fuertes cuestionamientos. Dirigentes opositores, analistas y sectores progresistas advierten sobre el riesgo de que Bolivia ingrese en una etapa de endurecimiento político y creciente intervención estatal sobre la protesta social.
El nuevo escenario deja a Rodrigo Paz en una posición compleja. Aunque mantiene respaldo en sectores empresariales, clases medias urbanas y aliados internacionales que ven en él una barrera frente al regreso del ala dura del MAS, el presidente perdió rápidamente apoyo en sectores populares que inicialmente acompañaron su llegada al poder.
La principal dificultad para el mandatario parece ser política: reconstruir diálogo en medio de una creciente desconfianza social y una crisis que ya dejó de ser solamente económica para transformarse en un conflicto de representación y gobernabilidad.
Mientras las protestas continúan y el Gobierno analiza sus próximos movimientos, Bolivia atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años, con un escenario cada vez más polarizado y un presidente que, en apenas meses, pasó de representar una expectativa de cambio a gobernar bajo presión permanente.
